Desconfianza en industria extractiva dura de matar
Por Milagros SalazarLIMA, 28 jun (IPS) - Perú recibió la certificación de país cumplidor de las exigencias de la
Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Sin
embargo, estos esfuerzos aún no parecen suficientes para aquietar los
reclamos de la población de las zonas mineras y petroleras.Con la participación de unos 60 delegados de diversos países, el
Consejo Internacional de EITI (según sus siglas en inglés) sesionó por
primera vez en Lima, el miércoles 27 y este jueves 28, para evaluar la
ampliación de exigencias debido a que la explotación de los recursos
naturales aún genera desconfianza y no se traduce en desarrollo
sostenible.
Las sesiones estuvieron signadas por largos debates entre
representantes del gobierno de Ollanta Humala, las empresas, la
sociedad civil y organismos multilaterales como el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.
América Latina es la región que tiene menos gobiernos que participan
en EITI, pero se espera que cada vez más países se sumen a esta
iniciativa. Colombia ya anunció su interés en unirse a este esfuerzo,
mientras que Guatemala, Estados Unidos y Trinidad y Tobago ya trabajan
para concretar su participación.
En cualquier caso, la mayoría coincide en que se necesita dar nuevos
pasos para conseguir que la transparencia tenga algún impacto en la
vida de la gente.
"No podemos seguir informando sólo sobre la transparencia en la renta,
sino que la gente necesita saber cómo se distribuyen y ejecutan los
recursos", señaló a IPS el economista Epifanio Baca, directivo del
Grupo Propuesta Ciudadana, miembro del Consejo Internacional de EITI y
representantes de organizaciones de sociedad civil ante la Comisión de
Perú de esta entidad.
"Rendir cuentas sobre la calidad del gasto es fundamental porque tiene
que ver con la mejora de la calidad de vida de estas personas",
apuntó.
La EITI es un esfuerzo global que desde 2002 busca que las empresas de
las actividades extractivas publiquen la información sobre sus pagos
tributarios y no tributarios a los estados y de esta forma evitar la
corrupción.
Actualmente, 35 países se han sumado a esta iniciativa y 14 de ellos
obtuvieron la certificación de cumplidor en materia de transparencia,
entre ellos Perú, hasta comienzos de este año.
Pero los esfuerzos de transparencia aún no han permitido aquietar el
descontento de los pueblos de las zonas donde se extraen los recursos,
tal como reconoció el presidente de Perú, Ollanta Humala, el martes 26
en el foro "Gobierno Abierto y Transparencia de las Industrias
Extractivas en América Latina y el Caribe", que sirvió de antesala a
las sesiones del Consejo de EITI.
"No es suficiente todavía para sacar las grietas, las fracturas que
tenemos desde que somos República. Necesitamos hacer más", dijo
Humala.
En los últimos años Perú ha vivido en un escenario social
convulsionado. Durante el gobierno anterior, de Alan García (2006-
2011), los conflictos sociales se dispararon para pasar de sumar 82 en
junio de 2006 a 217 en el mismo mes de 2011.
La mayoría de los conflictos son socioambientales y tienen un alto
costo social: cerca de 200 personas murieron y más de 2.000 fueron
heridas durante protestas entre enero de 2006 y setiembre de 20011,
según los reportes de la gubernamental Defensoría del Pueblo.
Pero el panorama tampoco ha sido alentador en lo que va del gobierno
de Humala, que aún no termina de convencer a los opositores del
conflictivo proyecto minero Conga, de la compañía aurífera Yanacocha-
Newmont, en el norteño departamento de Cajamarca.
Humala acaba de darle luz verde a este proyecto y no resulta extraño
si se toma en cuenta que, según el ministro de Energía y Minas de
Perú, Jorge Merino, la industria extractiva representa 75 por ciento
de las exportaciones del país.
Los participantes de EITI coinciden en que la transparencia en las
actividades extractivas podría contribuir a apaciguar el escenario
social no solo en Perú, sino también en otros países de América
Latina.
Por ello, algunas organizaciones de la sociedad civil que participan
en el Consejo Internacional de EITI coincidieron en que es necesario
ampliar las exigencias y descentralizar la información.
Baca consideró que los gobiernos regionales y municipios también deben
rendir cuentas y hacer un esfuerzo para que la información sea
confiable, comprensible y sencilla.
Por su parte, el director ejecutivo del BID y exministro peruano de la
Producción, Kurt Burneo, coincidió con el economista. "Si se quiere
tener legitimidad social, tiene que haber confianza y no la hay sin
transparencia", señaló a IPS.
Carlos Aranda, gerente de Servicios Técnicos de la firma Southern Perú
y miembro de la Comisión EITI en representación del empresariado,
entiende que es importante que las compañías no se escondan en el
anonimato y brinden cada vez más información.
"Es importante la transparencia, pero los estudios de impacto
ambiental tampoco se pueden hacer en la Plaza de Armas para que todos
se enteren. No podemos sospechar de todo y pensar que siempre hay un
arreglo debajo de la mesa", declaró Aranda a IPS.
Pero estos problemas de desconfianza y conflictos por las actividades
extractivas no son exclusivamente peruanos.
Célica Hernández, de la Fundación Jubileo de Bolivia, indicó a IPS
que, hasta fines de 2011, las diversas instancias de gobierno en
Bolivia no habían ejecutado 2.200 millones de dólares de los recursos,
un monto similar a lo que recauda su país por la actividad
hidrocarburífera.
"Esto tiene muy descontenta a la población", señaló Hernández a IPS en
un alto de las reuniones. Bolivia no forma parte de EITI, pero la
sociedad civil ha intentado promover la transparencia.
En Colombia también empiezan a estallar conflictos en algunas zonas,
según Carlos Andrés Cante, director de Formalización Minera del
Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, ese país aún vive el boom
de las exploraciones, ya que la mayoría de los proyectos no se ha
ejecutado.
Colombia ya trabaja en la instalación de una Comisión EITI para
convertir la transparencia en una política de Estado, dijo Cante a
IPS.
Los avances en los diversos países de la región se dan a diferente
ritmo, pero "hay cada vez más empresas y gobiernos que consideran que
no se puede avanzar en este tema con secretismo y sin legitimidad",
puntualizó Baca.
(FIN/2012) Envíe sus comentarios | © Reproducir este artículo
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