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WASHINGTON, 25 jun (IPS) - En una decisión muy esperada y con potenciales consecuencias electorales, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos derogó tres de las cuatro disposiciones de una polémica ley del sudoccidental estado de Arizona contra los inmigrantes indocumentados.

Una mayoría de cinco contra tres magistrados concluyó que las disposiciones, incluyendo una que consideraba delito que un indocumentado buscara trabajo, iban contra la ley federal de inmigración.

Es un principio del derecho constitucional estadounidense que una ley federal tiene preferencia sobre la estadual si estas entran en conflicto.

No obstante, la Corte votó unánimemente a favor de mantener la disposición más polémica de todas (conocida popularmente como la "ley muéstreme sus papeles"), que permite a la policía pedir documentos a cualquiera que considere sospechoso de haber ingresado irregularmente al país.

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo Departamento de Justicia cuestionó la ley de Arizona poco después de que fuera aprobada en 2010, dijo estar "complacido" con la decisión de la Corte de anular esas disposiciones que entraban en conflicto con el derecho federal.

"Al mismo tiempo", añadió, "sigo preocupado por el impacto práctico de la disposición remanente de la ley de Arizona, que requiere a los agentes policiales que verifiquen el estatus inmigratorio de cualquier persona que esté bajo sospecha de estar aquí ilegalmente".

"Tenemos que asegurar que los agentes de Arizona no apliquen esta ley de manera que socave los derechos civiles de los estadounidenses", continuó, y agregó que el fallo de la Corte demostraba la necesidad de que el Congreso legislativo apruebe una "completa reforma migratoria".

Grupos defensores de los derechos civiles también criticaron que la Corte decidiera dejar en pie una de las provisiones, y señalaron que iniciarían su propia acción legal contra la medida una vez que Arizona comience a aplicarla.

"Al mantener por ahora la "ley muéstrame tus papeles’, la Corte dejó la puerta abierta al prejuicio racial y a las detenciones ilegales en Arizona", dijo el director ejecutivo de la American Civil Liberties Union (ACLU).

"Hemos recaudado 8,77 millones de dólares en arcas de guerra para librar estas batallas en las cortes y contrarrestar cada medida similar en otros estados", agregó.

"El virus xenófobo en Arizona debe ser contenido antes de que se propague a otros estados", añadió.

Pero la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien destacó que el "corazón de la ley" fue mantenido por la Corte, insistió en que "el prejuicio racial no sería tolerado" por su administración.

La decisión de la Corte llega en un momento clave de la campaña para las elecciones presidenciales de este año, y podría influenciar su resultado, particularmente en los llamados estados "oscilantes" con grandes poblaciones hispanas, incluyendo Arizona y sus vecinos de las montañas Rocallosas, además de Florida, Carolina del Norte y Virginia.

A pesar de la significativa reducción de inmigrantes latinoamericanos desde la crisis financiera de 2008, la población hispana se incrementó más de 40 por ciento en la última década, hasta sumar más de 50 millones. Gran parte de ese crecimiento se concentró en los estados de las montañas Rocallosas, Texas y el sudeste del país.

En un intento por obtener apoyo entusiasta de muchos hispanos, Obama anunció a comienzos de este mes que su administración dejaría de deportar a inmigrantes indocumentados menores de 30 años que ingresaron a Estados Unidos siendo niños, que no tuvieran antecedentes penales y que hayan servido en las Fuerzas Armadas o concluido la educación secundaria.

Aproximadamente 800.000 personas, la vasta mayoría hispanas, se beneficiarían de esta medida.

Con unas pocas excepciones, los miembros del opositor Partido Republicano, incluyendo a su probable candidato presidencial, Mitt Romney, se opusieron a la acción de Obama, así como contra cualquier otra que consideren una suerte de "amnistía" para los estimados 12 millones de inmigrantes documentados que viven en Estados Unidos.

En su mayoría han apoyado la ley de Arizona y otras legislaciones severas similares adoptadas en los últimos dos años en Alabama, Georgia, Carolina del Sur y muchos otros estados.

Durante la campaña de las primarias, Romney apoyó la ley de Arizona, aunque su posible compañero de fórmula, el senador Marco Rubio, del estado de Florida, la criticó.

"Creo que cada estado tiene el deber, y el derecho, de asegurar sus fronteras y preservar el imperio de la ley, particularmente cuando el gobierno federal falla en el cumplimiento de sus responsabilidades", dijo Romney este lunes 25.

También acusó a Obama de no haber mostrado liderazgo en el tema de la educación.

Las tres disposiciones de la ley que fueron consideradas inconstitucionales son una que penaliza a todo inmigrante indocumentado que no esté registrado como tal, otra que les prohíbe buscar trabajo en el estado y una tercera que autorizaba a la policía a arrestar extranjeros si sospechaba que hubieran cometido algún delito que pudiera justificar su deportación de acuerdo con la ley federal.

Para el Departamento de Justicia, la cuarta disposición, que permite a la policía realizar controles de identidad a los sospechosos de ser indocumentados, también va contra las normas federales.

A la misma conclusión llegó un tribunal de apelaciones, aunque luego Arizona recurrió a la Suprema Corte de Justicia.

"Como sabemos que la intención detrás de la ley de Arizona es expulsar a la mayor cantidad de gente posible de Estados Unidos, consideramos que la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos es peligrosa, pues sanciona lo que podría ser una caza de brujas contra las poblaciones extranjeras", dijo la presidenta de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, Ángela Sanbrano.

"Ahora más que nunca será crucial seguir de cerca el accionar de las agencias del orden en Arizona", señaló.

(FIN/2012)

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