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GINEBRA, 9 may (IPS) - Un organismo especializado de la ONU previno al gobierno de España de que los severos recortes presupuestarios que aplica no vayan a contramano de las obligaciones que contrajo respecto de respetar los derechos económicos, sociales y culturales de su población.

Las medidas de austeridad impuestas por el gobierno del centroderechista Mariano Rajoy pueden tener "un efecto negativo y desproporcionado en el disfrute de esos derechos", dijo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (Organización de las Naciones Unidas).

El presidente del cuerpo, el mauriciano Ariranga Govindasamy Pillay, adelantó que esas preocupaciones serán seguramente consignadas en las conclusiones finales que divulgará el 18 de este mes el Comité sobre el examen del acatamiento de España a las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El Comité, integrado por 18 expertos independientes originarios de distintas regiones, vigila la observancia del tratado por los 160 estados que lo han ratificado después de su adopción, en 1966, y de su entrada en vigor, en 1976.

El caso de España, discutido esta semana, estuvo marcado por dos hechos significativos, como observó el relator del informe, el experto ecuatoriano Jaime Marchán Romero.

Un episodio fueron las elecciones celebradas en ese país europeo en noviembre, ganadas por el Partido Popular, que desplazó del gobierno que ejercían desde 2004 el Partido Socialista Obrero Español y su líder José Luis Rodríguez Zapatero.

El segundo hecho señalado por Marchán Romero fue "la persistencia de una grave crisis económica con efectos negativos, directos y devastadores que a menudo han afectado el mantenimiento de los niveles básicos de protección de los DESC", como abrevia en referencia a los derechos económicos, sociales y culturales.

En su evaluación del comportamiento de España, el relator recordó que desde 2004 ese país ha tomado medidas de impulso a los DESC, muchas de ellas recomendadas por el Comité de la ONU al examinar ese año el caso peninsular.

Así, Marchán Romero citó el plan de acción para el desarrollo de la población gitana 2010-2012 y la nueva estrategia para la inclusión de la misma etnia 2012-2020.

Al respecto, el jurista Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (AEDIDH), comentó a IPS que en su país las personas gitanas "siguen siendo víctimas de racismo y rechazo por parte de la población mayoritaria". Un miembro de la delegación del gobierno español indicó ante el Comité que una encuesta arrojó que 52 por ciento de los consultados ven a la población gitana "sin o con poca empatía". "Todavía tenemos que trabajar", admitió.

Marchán Romero mencionó igualmente como aspectos positivos la sanción de la ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y otras medidas para combatir la trata de personas.

Pero esa opinión favorable se revierte ante los datos presentados por el estado parte, las respuestas a las preguntas de los expertos del Comité y las últimas informaciones disponibles.

"Las medidas hasta ahora adoptadas (por el gobierno actual de España) lucen insuficientes en el contexto de la crisis económica respecto del cumplimiento de las obligaciones contraídas en el Pacto para proteger los DESC de la población, en particular de los grupos más vulnerables", sostuvo el relator.

Aún más preocupante es constatar que, como consecuencia de la severa política de austeridad fiscal, muchas de las medidas positivas adoptadas anteriormente en España "se han reducido o eliminado por completo", remarcó Marchán Romero.

De esa manera se producen retrocesos y, por tanto, una disminución de los niveles de protección en todos los ámbitos cubiertos por el Pacto, insistió.

Los expertos del Comité de la ONU se mostraron mortificados por la disminución del aporte del gobierno español a la ayuda oficial al desarrollo y por el aumento del desempleo a un nivel histórico de más de 24 por ciento de la población económicamente activa, que salta a 55 por ciento en el caso de los jóvenes.

También citaron la insuficiencia del salario mínimo y los recortes presupuestales en las áreas de salud, educación y seguridad social, que dejan sin cobertura a algunos grupos, como los inmigrantes indocumentados.

A eso se suma que las personas inmigrantes son víctimas "de un discurso xenófobo que se agrava con la crisis", apuntó Villán Durán.

Por su parte, Marchán Romero resaltó la ausencia de un plan nacional específico para afrontar "los crecientes índices de pobreza que ya afectan a 22 por ciento de los hogares españoles".

En su informe, el relator aludió al pernicioso impacto de la burbuja inmobiliaria, que ha aumentado el número de personas sin hogar.

Villán Durán comentó a IPS que los gitanos y los inmigrantes encuentran muchos impedimentos en el acceso a la vivienda.

Otro experto, el colombiano Álvaro Tirado Mejía cuestionó, respecto de la crisis económico-financiera que azota a España y a otros países europeos, que cuando hay bonanza la distribución va en un sentido y cuando hay problemas como ahora va en sentido contrario.

España es uno de los países con más desigual distribución del ingreso de la Unión Europea, aseguró.

En respuesta a estas críticas, el representante del gobierno español, Rafael Barberá de la Torre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, dijo que su gobierno tampoco cree que los pobres deban pagar la crisis.

"Nadie pretende que sean ellos los que soporten los ajustes", continuó, para luego defender las medidas económicas de Rajoy, pues "consolidar la situación fiscal no es un antojo ni una obsesión, sino que es el camino para que en un futuro muy próximo se pueda iniciar la recuperación".

"España no quiere cargar el ajuste económico sobre los menos favorecidos, ni en consecuencia limitar los DESC de nadie. Al contrario, estamos convencidos de que esos derechos son un elemento importante del desarrollo y afectan positivamente el crecimiento a largo plazo", indicó Barberá de la Torre.

Los expertos del Comité se mostraron molestos porque el gobierno de Rajoy no consultó al Defensor del Pueblo, actualmente a cargo de Manuel Aguilar, cuando elaboró el informe presentado a la actual sesión del organismo especializado de la ONU.

Tirado Mejía aseguró que habían escuchado la misma queja de representantes de organizaciones no gubernamentales españolas. Estos declararon su confianza en que el Comité adoptará recomendaciones estrictas para que el gobierno de su país tome en cuenta.(FIN/2012)

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