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SANTIAGO, feb (IPS) - El hacinamiento carcelario, la desprotección de los derechos de las personas privadas de libertad y la violencia interna tienen en jaque al sistema penitenciario de Chile y exigen una reforma estructural, coinciden especialistas en derechos humanos.

"La situación carcelaria en Chile viene deteriorándose en los últimos años y no se ven mejorías reales", aseguró a IPS el abogado Francisco Cox, especialista en derechos humanos y experto en asuntos penitenciarios.

Actualmente, la población penal en Chile alcanza a 107.935 personas, al sumar los procesados y condenados en régimen cerrado, semiabierto o abierto. Ellos desbordan las 103 cárceles del país, seis de ellas manejadas en concesión por empresas privadas.

Según datos oficiales, en octubre los internos en régimen cerrado alcanzaban 54.112, que significaban 1.610 menos que el mismo mes de 2010. Pero la cifra implica una sobrepoblación de 62,5 por ciento, ya que la capacidad total de las instituciones penitenciarias chilenas es de 33.822 plazas.

José Araya, secretario ejecutivo de la no gubernamental Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, dijo a IPS que la sobrepoblación carcelaria responde en Chile al concepto de la seguridad pública, "que es conservador y represivo y provoca hacinamiento sin hacerse cargo de las condiciones sociales que derivan de este".

Chile, con una población de 17 millones de personas, es además el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, con 318 internos por cada 100.000 habitantes, mientras la tasa promedio de la región está entre 100 y 150 presos y la tasa europea entre 60 y 100.

"México, Argentina y Colombia tienen un nivel más bajo de encarcelamiento que Chile, incluso Brasil, que utiliza las fuerzas militares para combatir el delito", señaló Cox.

Ello sucede en una región donde las condiciones de reclusión "están bastante mal", puntualizó.

Por ejemplo, durante 2011 la tortura fue generalizada en Brasil al momento de la detención, al igual que en los calabozos policiales, las prisiones y los centros de reclusión de menores, denunció el Informe Anual de la no gubernamental Amnistía Internacional.

Sobre Uruguay, otro país del cono Sur latinoamericano, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la tortura presentó en marzo de 2010 un informe en el que pedía al gobierno, entre otras cosas, que acometiera reformas fundamentales en el sistema de justicia penal y el sistema penitenciario.

También pedía el cierre de cárceles cuyas condiciones de reclusión eran crueles e inhumanas. En particular exigió la eliminación de la sección de "Las Latas" del penal de Libertad, en el sur del país, donde había presos hacinados en contenedores metálicos. El gobierno, finalmente, desocupó esos colapsados e insalubres recintos en mayo siguiente.

Mientras, otros organismos de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas expresaron "honda preocupación" por los informes de tortura y otros malos tratos en prisiones y comisarías de policía en Argentina, principalmente en las provincias de Buenos Aires, en el este, y Mendoza, en el oeste.

La denuncia más reciente la realizó el 7 de este mes el representante para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, quien expresó su preocupación por la ola de violencia en las cárceles del área.

Incalcaterra destacó durante una visita a Santiago que tan solo en la primera semana de febrero habían muerto tres reclusos en Uruguay, dos en Argentina y en Venezuela y uno en Chile, dentro de "un patrón alarmante de violencia carcelaria en la región" que es consecuencia directa o se ve agravada "por las condiciones precarias de detención".

El fallecido en Chile fue muerto por un gendarme durante un intento de fuga, se informó oficialmente. "No estamos hablando de blancas palomas", justificó el ministro de Justicia, Teodoro Ribera.

Pese a las recomendaciones, las indignas condiciones penitenciarias se mantienen en Chile, incluso luego de la tragedia más grande de la historia carcelaria del país: el incendio en la cárcel de San Miguel, situada en Santiago, el 8 de diciembre de 2010. En él fallecieron 81 internos, la mayoría recluidos por primera vez.

La investigación arrojó que ese día, festivo en el país, los pocos guardias que estaban de servicio se encontraban bajo la influencia del alcohol y no atendieron los gritos desesperados de los reclusos que murieron asfixiados y calcinados.

En aquel momento, San Miguel tenía una población de 1.875 internos, cuando su capacidad era de 632 plazas, lo que equivalía a un 197 por ciento de sobrepoblación.

"La tragedia fue consecuencia de la indolencia de las autoridades y el absoluto desinterés por cumplir con los compromisos internacionales en derechos humanos y el respeto de los derechos de los presos", sentenció Cox.

Añadió que "también se debe a este discurso absolutamente desatado de encarcelar a todos y aumentar cada día más la población carcelaria sin que se contemplen alternativas de cumplimiento efectivo que permitan evitar reincidencias".

El jurista recordó que el ministro Ribera condicionó públicamente el ascenso de los jueces a su mano dura a la hora de encarcelar a sospechosos.

Ribera forma parte del gobierno derechista de Sebastián Piñera, en el poder desde 2010 y que incluyó entre sus ofertas el endurecimiento del combate a la delincuencia, que se mantiene en niveles moderados en relación a la mayoría de los países latinoamericanos.

Además, muchos procedimientos procesales son herencia en Chile de la dictadura del ya fallecido Augusto Pinochet (1973-1990), con reglas conservadoras contra el delito.

A juicio de Cox la solución no está en la construcción de más cárceles, como plantean los concesionarios. "Lo que se requiere es una política social que trabaje en la disminución del delito y que se establezcan penas creativas de cumplimiento alternativo, que sean efectivas", consideró.

En medio del complejo panorama, el gobierno presentó dos proyectos de ley para disminuir el hacinamiento carcelario, algo que para entidades como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales implica reformas necesarias para poner fin a la crisis.

Sin embargo, Araya lo considera "una contradicción con la lógica gubernamental conservadora y autoritaria que apunta al combate contra la delincuencia y a una política de seguridad pública interna consistente en apresar a los sospechosos, con la consecuente sobrepoblación de las cárceles".

Según el informe 2011 del estatal Instituto Nacional de Derechos Humanos, los anuncios de políticas duras contra la delincuencia tienden a satisfacer lo que una parte de la sociedad demanda, en lo que se critica como "populismo penal".

El panorama, coincidieron las fuentes consultadas, es desafiante para la sociedad chilena con una marcada tendencia autoritaria.

Sondeos nacionales muestran que 58,6 por ciento de los encuestados se declaran completamente de acuerdo con que todo delincuente vaya preso, con independencia del delito que haya cometido, mientras 47,17 por ciento dicen estar en desacuerdo con que solo los delitos más graves sean castigados con prisión. (FIN/2012)

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