Fue el sábado pasado en la ciudad de Arroio do Sal.

María Pía Matta, presidenta de AMARC Internacional, cuestionó al Gobierno brasileño por ser uno de los peores países en el cumplimiento del derecho a comunicarse de la población.

Luciano Gallas, del Colectivo Intervozes, explicó que las actuales leyes del sector "son inconsistentes y fragmentadas", lo que requiere un nuevo marco regulatorio de comunicación.

En ese sentido, Michael Camilleri, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sostuvo que los países deben asegurar una radiodifusión "vigorosa y plural".

Camilleri aseguró que es el deber de los Estados garantizar "la igualdad de oportunidades de acceso a los medios" a los sectores de la sociedad.

Joaquim Goulart, coordinador de la Asociación Brasileña de Radiodifusión Comunitaria (Abraço), señaló que el problema de las comunicaciones en el país, más que técnico, es de "trasfondo político".

El coordinador de Abraço también aclaró que hoy es imposible continuar con la Ley 9612, que regula a las radios comunitarias, porque no da cuenta de los avances tecnológicos.(PÚLSAR)