La seguridad acaparó la agenda de la primera cumbre de la sociedad civil mexicana, que redactó una plataforma de recomendaciones entregada este martes 22 a los cuatro candidatos para los comicios presidenciales del 1 de julio.
Es que casi nada de la vida de este país escapa a la violencia criminal que causó la muerte de 55.000 personas en los últimos seis años.
"Se logró consensuar una plataforma mínima. Hay un primer piso para ponernos de acuerdo. Pero algo fundamental que no se ha podido hacer es abordar la agenda social nacional, que es mucho más amplia que la seguridad", dijo a IPS el presidente de la Fundación Nuevo Milenio, José Piña.
Desde el lunes 21, delegados de más de 300 organizaciones debatieron sobre cómo fortalecer a la sociedad civil, la reforma política y la participación ciudadana, la inclusión social, la educación, la transparencia y el acceso a la información, así como el empleo digno, el desarrollo sustentable, la seguridad ciudadana y los derechos humanos.
La sociedad civil organizada intenta incidir y ser tomada en cuenta por quienes ganen los comicios y pasen a ejercer los poderes Ejecutivo y Legislativo.
[related_articles]
En México funcionan unas 30.000 organizaciones no gubernamentales, la mayoría religiosas, pero solo unas 9.000 aparecen en el registro voluntario del estatal Instituto Nacional de Desarrollo Social. Los campos de acción van desde atención a la tercera edad y combate a la pobreza hasta educación, salud y promoción de los derechos humanos.
El Índice de la Sociedad Civil de México de 2010 halló que 70,2 por ciento de las organizaciones tienen un alto impacto en el tratamiento de la inseguridad.
Con la participación de 350 organizaciones, el Índice midió el nivel de organización, el compromiso cívico, la percepción del impacto sociopolítico de la sociedad civil y su práctica de valores, y arrojó una puntuación promedio de 40, en la cual cero es una sociedad civil inexistente y 100 representa un sector altamente desarrollado.
El Índice es elaborado por el Centro Mexicano para la Filantropía y la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, a partir de una invitación de la Alianza Mundial por una Participación Ciudadana (Civicus).
"Hay que tomar en cuenta que la sociedad civil no está muy organizada. No hay una movilización lo suficientemente grande para quitarles el sueño a los candidatos. Si logramos visibilizar estos temas, veremos resultados tarde o temprano", declaró a IPS el presidente de la no gubernamental AlConsumidor, Daniel Gershenson.
La Primera Cumbre Ciudadana por un México Pacífico y Justo congregó a organizaciones de todo el país y de distintos perfiles ideológicos y temáticos.
La declaración final se refiere a la aspiración de "un México integrado por una ciudadanía articulada y responsable, que participa en la construcción del país que desea en corresponsabilidad con el gobierno y los partidos políticos; donde los espacios de diálogo plural enriquecen la vida pública con propuestas y acciones concretas".
Las organizaciones no gubernamentales reclamaron más apoyos legales y financieros, una reforma fiscal progresiva, la reelección consecutiva de legisladores y alcaldes, apertura del mercado de las telecomunicaciones, acceso universal a Internet de banda ancha, la revisión de la política gubernamental antidroga y el diseño de una estrategia de seguridad a cargo de policías capacitados en esas tareas.
"La inmensa mayoría (de la ciudadanía) no participa en las organizaciones, aunque ha habido una ola asociacionista en los últimos lustros. Mientras algunos sectores están bien organizados, otros no tienen voz", dijo a IPS el académico José Woldenberg, de la Facultad de Ciencias Políticas de la estatal Universidad Nacional Autónoma de México.
"La contienda electoral transcurrirá en un escenario de demanda superior si las organizaciones pueden poner sobre la mesa sus propuestas", señaló Woldenberg, quien fue entre 1997 y 2003 consejero presidente del Instituto Federal Electoral, ente encargado de organizar los procesos comiciales.
En los comicios del 1 de julio se renovará el parlamento, con la elección de 500 diputados y 128 senadores, y se elegirá presidente para un mandato de seis años. El nuevo Poder Legislativo iniciará sus funciones el 1 de septiembre, y quien suceda al conservador presidente Felipe Calderón en diciembre.
Las organizaciones no gubernamentales entregaron este martes 22 sus demandas a Enrique Peña, candidato de la opositora Coalición Compromiso por México, formada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde, a la cabeza de las preferencias electorales.
También las recibieron Andrés López Obrador, abanderado de la izquierdista Coalición Movimiento Progresista, compuesta de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Convergencia, y Josefina Vázquez, del gobernante Partido Acción Nacional.
Finalmente, también se hizo presente en la cumbre Gabriel Quadri, postulante del Partido Nueva Alianza, con escasas posibilidades de ganar las elecciones, según las encuestas.
Las organizaciones dieron a los candidatos y sus partidos 15 días para responder a sus demandas y les pidieron designar a un encargado del seguimiento del pliego petitorio y crear mesas de trabajo para que los temas aparezcan en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y en los programas sectoriales.
La situación de la democracia mexicana se enmarca en América Latina, una región con "mínimos democráticos, como elecciones libres y transparentes, pero con pendientes", dijo a IPS el director del Programa de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Diego Antoni.
"Los márgenes son amplios para exigir los máximos de derechos ciudadanos, pero la construcción de estos máximos depende de la sostenibilidad y viabilidad de la democracia", agregó.
"Necesitamos discutir todos los temas relevantes para la democracia. Queremos echar luz sobre temas que no son suficientemente debatidos", puntualizó.
El informe "Nuestra Democracia", elaborado en 2010 por el PNUD y la Organización de los Estados Americanos (OEA), detectó el surgimiento de nuevos movimientos políticos y diferentes formas de gobierno, un reconocimiento creciente de los derechos femeninos, indígenas y afrodescendientes, una aceptación generalizada de la lucha contra la pobreza y una tendencia a la concentración de las decisiones en el Poder Ejecutivo.
Al mismo tiempo, constató el desprestigio de los partidos políticos, una crisis de representación, clientelismo electoral y falta de imaginación para aplicar nuevas formas de participación política.
"La segunda etapa tiene que ver con el seguimiento y el cabildeo profesional. Debemos ser los primeros cabilderos y exponer a los servidores públicos que se niegan a dialogar, y que eso tenga un costo político", planteó Piña.
"Confiamos en que la presencia de los movimientos en la toma de decisiones se vaya exacerbando. Se pueden meter estos temas", confió Gershenson.
