SOCIEDAD CIVIL-ÁFRICA: Golpe a golpe

La sociedad civil es objeto de una ofensiva mundial que la erosiona, particularmente en África, según Ingrid Srinath, secretaria general de Civicus.

Ingrid Srinath, secretary general of the global civil society network, CIVICUS. Crédito: Laura Lopez Gonzalez
Ingrid Srinath, secretary general of the global civil society network, CIVICUS. Crédito: Laura Lopez Gonzalez
En respuesta a esa ofensiva, que Srinath vincula al colapso económico mundial, Civicus creó un Fondo de Respuesta a la Crisis. Organizaciones no gubernamentales amenazadas pueden postularse al mismo para obtener dinero que les permita realizar actividades como la documentación de abusos a los derechos humanos.

IPS dialogó con Srinath, quien considera que "faltan más redes panafricanas de la sociedad civil".

IPS: Usted habla de una campaña mundial contra la sociedad civil. ¿Qué características tiene la misma en África?

INGRID SRINATH: En África, las restricciones asumen diversas formas. Gran parte atañe a la legislación. Ya sea el proyecto de ley contra la homosexualidad en Uganda o la nueva legislación sobre protección de la información en Sudáfrica, hay una ofensiva legislativa destinada a constreñir la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Luego está directamente lo que llamaríamos medidas "extrajudiciales" –asesinatos, intimidación, torturas-, que ocurren más en Zimbabwe o en demasiados países como para listarlos.

Finalmente, está la constante erosión de la sociedad civil por parte de estos constantes ataques a la responsabilidad. Cada funcionario de gobiernos africanos con que me reuní planteó: "En cualquier caso, ¿ante quiénes son responsables estas personas de la sociedad civil? A nosotros nos eligen. ¿Quién los eligió a ellos?".
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IPS: ¿La sociedad civil está equipada para impugnar legalmente estas normativas?

IS: Hay muy buen apoyo legal disponible… desde Lawyers for Human Rights hasta el International Centre for Not-for-Profit Law. El propio Civicus tiene varias herramientas y puede modelar legislaciones. Si en su país hay una nueva legislación y usted quiere que alguien la analice por usted y le aporte una crítica, Civicus y otras organizaciones tienen esa capacidad y están dispuestas a hacerlo.

Se necesita un enfoque multifacético. Hay un elemento del mismo que es legal, lo que significa incrementar los desafíos legales a la constitucionalidad de estas leyes, y también los desafíos legales internacionales, porque todas estas leyes violan compromisos asumidos en tratados.

Igualmente importante es crear opinión pública. India despenalizó el año pasado las relaciones homosexuales. Esto no fue tanto por el desafío legal como por (un cambio) en la opinión pública.

IPS: Usted vincula las restricciones a la crisis económica mundial. ¿Cuál es la relación entre ambas?

IS: Hay dos conexiones entre ellas. Una es que el colapso económico generó indignación pública. Es decir, no tanto el colapso en sí sino el tipo de respuestas de los gobiernos ante la crisis. Eso causó mucha ira pública. Vemos esta correlación directa cada vez que hay una suba pronunciada en los precios de los alimentos y aumentan las protestas públicas, y también la represión posterior.

La segunda conexión es que antes la comunidad internacional podía estar dispuesta a intervenir, (pero) la geopolítica posterior a las crisis financieras significa que ciertos países con mercados muy grandes, o que son grandes proveedores de capital o recursos naturales –especialmente energía- ahora puedan quedar impunes donde hace pocos años no podían. Simultáneamente, por supuesto, la sociedad civil tiene menos recursos para defenderse.

IPS: ¿Cuáles son los tres principales países africanos que experimentan las peores ofensivas contra la sociedad civil?

IS: Zambia, Etiopía y Swazilandia. La situación en esos países es mala, pero en algunos aspectos, el hecho de que en Sudáfrica bajen los estándares tiene peor impacto a largo plazo que la represión más directa que se ve en Etiopía, porque eso reduce los parámetros para todos, y entonces todos pagan un precio. Mientras, un (Robert) Mugabe particularmente represor es realmente malo para los zimbabwenses, pero sus efectos no se sienten en otras partes del continente.

IPS: ¿Cómo caracterizaría usted la respuesta de la Unión Africana a la creciente represión de la sociedad civil del continente?

IS: No vi que la Unión Africana (UA) hiciera nada con ningún grado de receptividad, principio o simplemente buenas estrategias. Se tratara de Libia o de otra parte, fue la última en responder y tuvo la respuesta más débil. Pienso que hay una oportunidad para que la UA se reinvente luego de la Primavera Árabe.

IPS: ¿Con qué estrategias respondió la sociedad civil?

IS: Ya sea con lo ocurrido en Uganda, Zambia, Swazilandia, Zimbabwe o Etiopía, quedó expuesta la capacidad de cruzar las fronteras nacionales para recibir consejos, solidaridad y presión política de otros países africanos. Pienso que estamos levemente mejor en cuanto a documentar la ofensiva. Faltan más redes panafricanas de la sociedad civil.

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