Corporaciones y gobiernos europeos aprovechan desde hace años un vacío legal del Protocolo de Kyoto sobre el cambio climático para obtener ganancias exorbitantes. Varias fuentes indican que este lucrativo esquema ha causado más contaminación que nunca antes.
Esta disposición se conoce como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Los requisitos para incluir en él proyectos en el exterior y la emisión de créditos de carbono que en este caso se llaman certificados de reducción de emisiones o CRE son controlados por el Consejo Ejecutivo del MDL, que funciona en la órbita de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Cada CRE equivale a una tonelada de dióxido de carbono que no fue arrojada a la atmósfera. Y se entrega a favor del responsable del proyecto, tras certificar que la reducción realmente se efectuó.
Estos CRE pueden generar instrumentos comercializables, sujetos a las leyes de la oferta y la demanda.
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En junio de 2010, dos organizaciones no gubernamentales ambientalistas –CDM Watch, con sede en Bonn, y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés), con oficinas en Washington y Londres-, descubrieron que gobiernos y corporaciones europeas estaban haciendo un flagrante mal uso del MDL.
Cincuenta y nueve por ciento de todos los CRE se originaron en los mismos 19 proyectos, aunque en el MDL había registrados 2.800 proyectos.
Los 19 proyectos producían HCFC-22, un gas refrigerante prohibido en Estados Unidos y Europa en el marco del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono. En los países en desarrollo, este gas deberá haberse eliminado para 2030.
"HCFC" es la sigla con que se conocen los hidroclorofluorocarbonos. El HCFC-22 es también un "supergas de efecto invernadero", 1.810 veces más potente que el dióxido de carbono. Además, el HFC-23, subproducto de la manufactura del HCFC-22, es 11.700 veces más dañino que el dióxido de carbono.
Cuando los productores del refrigerante deciden quemar ese subproducto HFC-23 en vez de liberarlo al aire, son aptos para recibir montones de créditos concedidos bajo el MDL. La quema de una tonelada de HFC-23 permite adquirir 11.700 créditos de emisión para la planta que quema el gas.
Este negocio resultó ser muy lucrativo. La quema del equivalente a una tonelada de dióxido de carbono cuesta apenas 25 centavos, mientras que los créditos pueden venderse en el mercado europeo por no menos de 19 dólares.
Estos proyectos pronto atrajeron a bancos inversores, que quisieron participar de las ganancias: JP Morgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs, Rabobank y Fortis.
Junto a estos bancos, los gobiernos italiano, holandés y británico aparecen varias veces en la lista de inversores. Grandes empresas de energía, entre ellas E.ON y RWE (Alemania), Nuon (Holanda), Enel (Italia) y Electrabel (Bélgica) también figuran como participantes en estos proyectos.
Los antecedentes recopilados por CDM Watch y la EIA señalan que las ganancias derivadas de esta compensación de gases acabaron esitimulando la producción del nocivo HCFC-22. Según la EIA, el precio de una tonelada de este gas oscila entre 1.000 y 2.000 dólares, mientras que la misma tonelada vale entre 5.000 y 5.800 dólares en CRE cuando se vende en el mercado europeo.
En economía esto se llama "incentivo perverso", y se produce cuando un incentivo tiene un resultado no buscado e indeseable que va en contra de lo que se propone la política en cuestión.
En total, las empresas y los gobiernos europeos han financiado estos proyectos por no menos de 1.500 millones de dólares, mientras que el verdadero costo que tiene abatir este gas es apenas 150 millones de dólares.
"Este dinero se invirtió en falsas reducciones de emisiones", dijo Eva Filzmoser, directora de programa en CDM Watch.
"Según el MDL, los créditos obtenidos representan reducciones de emisiones. Pero en vez de eso, se produjeron más gases de efecto invernadero mientras las empresas occidentales seguían arrojando tanto como antes. El daño ambiental es inmenso", declaró a IPS.
Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), entre 2004 y 2009 la producción de HCFC-22 pasó de 15 millones a 28 millones de toneladas.
Luego de las quejas de CDM Watch y la EIA, la ONU inició su propia investigación, mientras frenaba frenar la emisión de nuevos CRE.
Esta investigación, que concluyó el 16 de noviembre de 2010, fue catalogada como "confidencial" por la ONU a causa de la "información comercialmente delicada" que contenía.
Sin embargo, IPS accedió a ese documento. Allí se establece que algunas de las plantas de producción investigadas estaban "maximizando los créditos en vez de satisfacer la demanda del producto". No obstante, el informe plantea que solamente hay "señales" de incentivos perversos y que la evidencia no es "concluyente".
El 26 de noviembre, el Consejo Ejecutivo del MDL decidió emitir otros 20 millones de créditos para 12 proyectos de HFC (hidrofluorocarbonos).
Jos Delbeke es el titular de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea (órgano ejecutivo de la Unión Europea) que se creó el año pasado. Según él, la Comisión estaba al tanto del problema antes de que las organizaciones no gubernamentales iniciaran su campaña.
"En la ONU nos venimos quejando de este problema desde hace varios años. No se deberían obtener CRE con gases que están prohibidos en Europa", dijo Delbeke a IPS.
El principal problema, opinó, no es el daño ambiental. "Se están generando ganancias a partir de la usura, y eso es repugnante", afirmó Delbeke.
"Así no podemos conseguir que nuestra política climática funcione. Tenemos que preguntar si acaso no podríamos haber hecho mucho más con la cantidad de dinero que se gastó".
Cuando resultó evidente que la ONU no tomaría medidas, la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea decidió proponer una prohibición de los créditos por emisión de HFC.
La comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, propuso el 1 de enero de 2013 como fecha de entrada en vigor de esa prohibición. Pero la historia no termina ahí.
* Éste es el primero de dos reportajes sobre cómo corporaciones y gobiernos europeos se benefician económicamente de un vacío legal en el Protocolo de Kyoto.
