A pesar de avances «considerables» en la reducción de la pobreza, Brasil sigue marcado por «profundas desigualdades», como la violencia delictiva y policial en las grandes ciudades, alerta el informe sobre derechos humanos de Amnistía Internacional que cumple 50 años de vida.
En el capítulo sobre Brasil, la organización con sede en Londres sostiene que las comunidades que viven en pobreza continúan "enfrentando una serie de abusos a sus derechos humanos", como desalojos forzosos y falta de servicios básicos.
Si bien en algunas ciudades se registró una caída en la cantidad de homicidios, la violencia criminal y policial sigue elevada en los barrios hacinados, conocidos como "favelas", lo que agrava la desigualdad.
El documento de Amnistía recuerda que la presidenta Dilma Rousseff declaró enero de 2011, al ser investida, que la erradicación de la miseria y la promoción de la seguridad pública y la salud serían sus prioridades.
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Amnistía aludió al éxito de las operaciones de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) en Río de Janeiro, que lograron disminuir la delincuencia en las favelas donde actúan. Pero en las áreas no contempladas por esa política de la Secretaría de Seguridad Pública, la violencia policial sigue siendo "generalizada".
Los datos oficiales de 2010 indican que la policía mató a 855 personas en circunstancias descritas como "actos de resistencia", es decir en presuntos choques armados con agentes de seguridad.
En su informe, la entidad recuerda el mes de noviembre de 2010, cuando Río de Janeiro vivió una serie de ataques a civiles y comisarías e incendios de más de 150 vehículos.
En respuesta, las autoridades organizaron una megaoperación con más de 2.600 efectivos, apoyados por el ejército y la marina de guerra, en el Complexo do Alemão, un conjunto de favelas en el suburbio norte de la ciudad, para acabar con una gran banda criminal que controlaba el tráfico de drogas.
No sólo los traficantes, sino también escuadrones de la muerte y grupos parapoliciales, formados por agentes del Estado que actúan al margen de la ley, son citados por Amnistía.
El informe recordó que todavía no fueron aplicadas las recomendaciones que efectuó en 2008 una comisión parlamentaria de investigación (CPI) de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro, que indagó las acciones de esas milicias.
"Es cierto que nuestras recomendaciones no se concretaron", dijo a IPS el diputado estadual Marcelo Freixo, del Partido Socialismo y Libertad, que presidió la comisión parlamentaria.
"Hicimos 58 recomendaciones en el informe final de la CPI, que son fundamentales para el tratamiento y combate de las milicias. Casi ninguna de las propuestas fue implementada por el gobierno federal ni por los gobiernos estadual y municipal", resaltó.
No faltan recursos, sino "voluntad política", sostuvo. "Eso es por cobardía, pues deben ser medidas de Estado", criticó.
Si bien es mayor la cantidad de agentes detenidos por presunta actividad en estos grupos, creció aun más el número de zonas de Río bajo influencia de esas milicias y escuadrones.
Según Freixo, en 2008, periodo en que funcionó la CPI, los grupos parapoliciales actuaban en 170 zonas del estado.
Hoy su presencia ya se ve en más de 300 localidades, aseveró. "Este número va a aumentar porque nada hizo el poder público. No basta con detener a los delincuentes para enfrentar a las milicias", criticó Freixo.
La sureña ciudad de São Paulo también vivió una matanza vinculada a grupos parapoliciales de exterminio. Según datos oficiales, de enero a septiembre de 2010, 240 personas murieron en 68 incidentes en la ciudad y en su zona suburbana.
La tortura, la superpoblación y las condiciones de vida degradantes siguen caracterizando al sistema penitenciario, según Amnistía.
En su opinión, las autoridades perdieron el control efectivo de muchas unidades penitenciarias, lo que facilitó una serie de rebeliones y homicidios.
Fue lo que ocurrió en octubre del año pasado, cuando grupos rivales mataron a 18 prisioneros en dos penitenciarías del estado de Maranhão, noreste del país, cuatro de ellos decapitados. Los disturbios empezaron cuando los presos protestaban por el hacinamiento.
El informe de Amnistía aborda también la presunta violación del derecho a la vivienda y citó amenazas de desalojo contra comunidades pobres por la construcción de infraestructura prevista para el torneo mundial de fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016.
El secretario general de Amnistía, Salil Shetty, visitó Brasil en abril y se reunió con familias que habían perdido sus hogares sin previo aviso ni indemnizaciones que les garantizaran acceso a otra vivienda.
Por lo menos 750 familias viven en áreas por las que pasarían vías de transporte de alta velocidad en Río de Janeiro.
"Brasil es signatario de tratados y convenciones internacionales que garantizan el derecho a un hogar, pero todos los casos que oímos muestran que ese proceso no está siendo contemplado", dijo Shetty en Río el 27 de abril.
