La huelga de hambre que realizan inmigrantes en Grecia revela la persistencia en la defensa de sus derechos y cuán lejos está dispuesto a ir el gobierno en sus esfuerzos por frenar la presencia de extranjeros indocumentados.
Unos 200 inmigrantes entraron el 25 de enero en un edificio de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Atenas, y comenzaron la medida, que levantarán cuando se cumplan sus reclamos.
La huelga no parece llegar a su fin y las autoridades no se quedan de brazos cruzados.
Con apoyo de organizaciones de izquierda, los huelguistas, originarios de distintos países del norte de África, esperan que se regularice el derecho al trabajo a todos los inmigrantes del país, sin importar su estatus legal.
Otras 50 personas se unieron a la medida en la norteña ciudad de Thessaloniki.
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"Vivimos en las sombras, ¿eso es algo que el Estado tolera?", preguntó el huelguista tunecino Abdul Hatzi, que vive en Grecia desde hace 18 años. Pero hace ocho, no le renovaron el permiso de residencia y pasó a ser un inmigrante indocumentado.
"Grecia es responsable de lo que nos pasa", sostuvo Hatzi. "Europa respaldó regímenes que empobrecieron nuestros países en el norte de África y participó en guerras que destruyeron las sociedades. Ahora nos consideran una amenaza. Pero no lo somos", alegó.
"Sólo pedimos ser libres y llevar una vida decente. Grecia debe cambiar su política de inmigración y comenzar a abandonar el acuerdo de Dublin", añadió.
Según el pacto Dublin II, los solicitantes de asilo deben registrarse en el primer país en el que toman contacto con autoridades. Ese estado, entonces, es responsable de evaluar el estatus de la persona en el futuro.
Si la persona desplace a un país distinto al de su primer ingreso puede ser devuelta al estado en el que se registró por primera vez.
Dublin II fue muy criticado por activistas de derechos humanos como mecanismo para levantar los muros de la "fortaleza europea" y permite que los países desarrollados reduzcan su responsabilidad frente a los inmigrantes a expensas de los estados fronterizos.
Las autoridades y los principales medios de comunicación han presentado la huelga de hambre como un hecho aislado de un grupo de radicales, dejando de lado las cuestiones migratorias y de asilo que levantan la temperatura de una sociedad polarizada.
La mayor parte de la cobertura se concentró en el uso del recinto universitario para la medida.
Bajo la enorme presión de los medios de comunicación y la amenaza de evacuación de la policía, los huelguistas se desplazaron a un edificio céntrico, pero donde carecen de las condiciones adecuadas para realizar la huelga de hambre.
Las universidades son zonas prohibidas para la policía, a menos que el comité rector les pida su intervención. El "asilo" universitario es un derecho simbólico originado en las luchas estudiantiles contra la junta militar de los años 70.
La política es defendida a capa y espada por la izquierda y atacada por la derecha que reclama su abolición.
El 31 de enero, un fiscal citó al rector de la facultad de derecho y a ocho defensores de los inmigrantes del comité de solidaridad y cuestionó al primero por negligencia en sus responsabilidades y a los segundos por posible participación en un caso de trata de personas. La medida fue considerada agresiva para los estándares griegos.
El comité de solidaridad respondió con una carta abierta a las autoridades judiciales y al Ministerio del Interior.
"Le informamos con orgullo, de forma voluntaria y pública, que los abajo firmantes apoyamos mediante todos los medios posibles a estas personas y estamos dispuestos a aceptar toda la responsabilidad política y social que implique nuestro compromiso ético con su lucha. Pero negamos toda acusación de incitación", reza la nota.
"La idea y la ejecución de la huelga de hambre corre por cuenta de los inmigrantes. Pese a lo inimaginable que pueda resultar para sus estereotipos racistas, las personas, que no son europeas, son capaces de organizar su propia lucha política de forma crítica y colectiva", añade.
Las autoridades griegas están extremadamente preocupadas por la polarización social que genera el tema migraciones, al igual que muchos países de emigrantes como los del norte de África, en especial Egipto, que soportan una enorme agitación política.
La controversia dio paso a una crisis en 2008, cuando llegó a Grecia un gran flujo de inmigrantes por el mar Egeo, la frontera marítima con Turquía.
Desde hace dos años, Atenas recibe reprimendas por no respetar los derechos humanos y no ofrecer protección a los refugiados. El sistema de asilo fracasó, lo que llevó a un atraso de más de 47.000 solicitudes no procesadas. Menos de 0,3 por ciento, finalmente, recibió amparo.
El gobierno promulgó una nueva ley de asilo en enero y ahora trabaja para poner en marcha infraestructura institucional y humana para atender el asunto. Resta por ver cómo funciona el sistema.
