La exportación de harina de anchoveta (Engraulis ringens) es tan lucrativa que pescadores peruanos inescrupulosos buscan por la vía judicial permisos de captura que no podrían obtener mediante solicitudes formales. Esta práctica está agotando inclusive un stock de contingencia.
Rica en proteínas y aminoácidos esenciales, la anchoveta es la materia prima preferida para harina de pescado muy requerida en China, Alemania, Japón y otros mercados.
Cada año se autoriza la pesca de seis millones de toneladas de anchoveta con fines industriales. Si se otorgaran más permisos, podría peligrar la sostenibilidad de este recurso que ya está plenamente explotado y por eso requiere regulación, explicó el ministro de la Producción, Jorge Villasante.
Para atender situaciones excepcionales que se tramitan en la justicia, como traspasos o ventas de embarcaciones, y para solicitudes de incrementos de flota, las autoridades reservan el 2,2 por ciento del total de la cuota de pesca autorizada en las dos temporadas anuales, en un stock o fondo de emergencia de la anchoveta.
[related_articles]
Entre 2006 y lo que va de 2010, el Ministerio de la Producción recibió notificaciones judiciales, que considera irregulares, ordenándole otorgar permisos de pesca a 64 embarcaciones de empresas o propietarios individuales.
En todos estos casos, los solicitantes no agotaron el proceso dispuesto por la ley y tomaron el atajo judicial, reclamando acciones de amparo u otros recursos que permiten obtener en tiempo récord medidas cautelares que los exoneran de los requisitos administrativos y obligan en definitiva al Ministerio a librar los permisos de pesca.
"Como saben que no pueden acceder a ese derecho por la vía administrativa, se consiguen un juez e idean un mecanismo para dar órdenes al Ministerio", describió Villasante a Tierramérica.
Las autoridades estiman que, según la capacidad de bodega de esas embarcaciones, sólo entre 2009 y parte de 2010 se habría capturado más de 43.000 toneladas de anchoveta, agotando todo el fondo de emergencia para atender reclamos judiciales. Ahora sólo queda sin explotar 0,77 por ciento que debe ser de uso exclusivo para incrementos de flota.
Las cuotas de pesca por embarcación fueron fijadas en 2008, y hoy sólo se permiten las transferencias de permisos cuando las embarcaciones cambian de dueño y tras el cumplimiento de varios requisitos, dijo el funcionario.
Inclusive el remanente de 0,77 del fondo de emergencia está en peligro, así que a fines de octubre las autoridades decidieron no acatar más los mandatos judiciales.
"¿De dónde les voy a dar más cuotas? Se dejó un fondo de contingencia que ya se sobrepasó. Entonces, ¿voy a seguir autorizando para que pesquen más de lo permitido?", cuestionó Villasante. "No es que uno no quiera que pesquen, que lo hagan pero legalmente".
Esto ha creado una confrontación de poderes, porque los fallos judiciales deben ser acatados por la rama ejecutiva.
Tierramérica pudo saber que varios jueces han tomado medidas cuando el Ministerio no acata sus dictámenes. Por ejemplo, la jueza Bertha Estrada Rivera, del juzgado de Paz Letrado de Surco y San Borja en Lima, rechazó el recurso de oposición presentado por la Procuraduría, órgano que asume la defensa del Estado.
Detrás del conflicto de poderes hay intereses económicos.
Todas las embarcaciones capturan anchoveta para elaborar harina que se cotiza a unos dos mil dólares la tonelada, mucho más rentable que los 300 dólares por tonelada que vale el pescado fresco para consumo humano.
Se calcula que la captura autorizada de forma presuntamente irregular por la justicia entre 2009 y 2010 tuvo un valor superior a los 20 millones de dólares.
Entre esos casos, 11 permisos fueron aprobados por un juez de la norteña región de Piura, Guillermo Zúñiga, quien favoreció a un único ciudadano, Joaquín Ocampo.
Éste había demandado a otra persona para que le entregara la escritura pública de una embarcación inactiva desde hacía más de 25 años.
Mientras se resolvía el proceso, el demandante consiguió que el juez dispusiera una medida cautelar para que el Ministerio le otorgara derechos pesqueros, saltándose un requisito clave: probar la actividad reciente de la embarcación.
La cartera de Producción efectuó una denuncia penal contra Zúñiga y quejas contra otros jueces ante la Oficina de Control de la Magistratura. Pero aún no se conocen sanciones.
La pesca se ha regulado poco en Perú "y siempre se han buscado formas de sacarle la vuelta a la ley", dijo a Tierramérica la directora del Centro para la Sostenibilidad Ambiental de la Universidad Cayetano Heredia, Patricia Majluf.
Hay muchas tareas pendientes, según la experta. Por ejemplo, no se aplican límites máximos permisibles de emisiones contaminantes. Y las guías para la construcción de fábricas harineras bajo estándares ambientales fueron evaluadas pero no aprobadas, agregó.
"Lo que nos salva es que tenemos el ecosistema más productivo del planeta. Pero, sin una adecuada protección ambiental, ¿hasta cuándo podemos soportar?", se preguntó Majluf.
Se necesita proteger a una población de anchovetas que permita mantener todo el ecosistema que depende del pez, como las aves guaneras y otros peces. No basta con ver la sobreexplotación del recurso sólo desde el punto de vista del interés comercial, argumentó.
Los especialistas advierten que la anchoveta podría seguir el mismo destino que el jurel (Trachurus Murphy) y la merluza (Merluccius gayi peruanus), que fueron depredados en las costas peruanas.
Pero, además, debe promoverse el consumo de la anchoveta fresca en la población local, afirman.
El ex ministro de la Producción, José Nicanor Gonzales, antecesor de Villasante, dijo a Tierramérica que el consumo de anchoveta debería elevarse hasta 20 kilogramos anuales por persona. Hoy la meta es llegar apenas a 3,5 kilos por persona, cuando en países asiáticos cada habitante consume en promedio unos 80 kilos al año.
Perú tiene más de 1.000 especies de peces marinos y sólo consume 15 por ciento de ellas.
* Este artículo fue publicado originalmente el 18 de diciembre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
