La reunión de los cancilleres de la Unión Europea (UE) de este domingo estará dominada por la situación en la por ahora provincia serbia de Kosovo, que prevé declarar su independencia ese mismo día o el siguiente.
Al menos en la superficie, los 27 países de la UE mostraron un frente razonablemente unido en su abordaje de Kosovo. Ninguno de ellos, por ejemplo, objeta el planificado despliegue de 1.800 expertos en seguridad y justicia para ayudar a la construcción de un sistema judicial adecuado.
Esa misión es considerada en Bruselas como el preludio para el ingreso, en última instancia, de Kosovo al bloque.
Pero cuatro de los países de la UE —Chipre, Eslovaquia, Grecia y Rumania— se oponen a reconocer la independencia. A España tampoco le entusiasma la idea, pues podría alentar las aspiraciones del País Vasco.
Al igual que Serbia, Eslovenia se independizó a raíz de la violenta secesión de la antigua Yugoslavia. Hoy, ese país ejerce la presidencia rotativa de la UE y afronta la poco envidiable tarea de preparar la respuesta del bloque a la declaración de Kosovo.
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Un alto diplomático esloveno dijo que la reacción de su gobierno no será inmediata. "La presidencia de la UE deberá primero preparar las deliberaciones de los 27 ministros, y cualquier declaración que se haga antes será prematura", explicó.
"Lo que sí es necesaria es una buena discusión que produzca una plataforma común. Después, veremos cómo expresarla", dijo.
El diplomático, que solicitó reserva sobre su identidad, reconoció, además, que el actual estatus de Kosovo —administrada como protectorado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)— es insostenible.
Se requieren medidas para asegurar una transición hacia una "Kosovo democrática y multiétnica, comprometida con el estado de derecho y la protección de las minorías", sostuvo.
Pero la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) se preguntó si los miembros de la UE tienen en mente la situación de las minorías kosovares.
Un cuarto de millón de personas dejaron la hoy provincia serbia a causa de la intimidación y los incendios intencionales en 1999. Eran, en su mayoría, miembros de las comunidades serbia y roma (gitana).
Pero, si bien la discriminación no cesa en Kosovo, países de la UE que recibieron a esos refugiados (Alemania, Francia y las naciones escandinavas, entre otras) los expulsaron luego, según datos recopilados por la ONU.
El director de la Oficina Europea de Información Roma en Bruselas, Iván Ivanov, dijo que los gitanos expulsados afrontan dificultades a su regreso a Kosovo.
"Es muy difícil para ellos regresar", declaró Ivanov a IPS. "Si sus hijos crecieron en Alemania, por ejemplo, ya hablan el idioma y están asentados allí. Para ellos, es como ser enviados a un país extranjero."
Para colmo, carecen de documentos de identidad y son rechazados en los lugares donde solían vivir, tanto en barrios de la mayoritaria comunidad albanesa como en las áreas serbias. "Están en el medio. Las madres solas, por ejemplo, carecen de servicios sociales", agregó.
HRW reclamó una moratoria de las deportaciones de gitanos y miembros de otras minorías de países de la UE hasta que se estabilice la situación en Kosovo, y exigió al bloque la adopción de una agenda exhaustiva sobre derechos humanos en esta nación inminentemente independiente.
En ese sentido, advirtió que en Kosovo existe una cultura de impunidad ante graves delitos, incluidos crímenes de guerra, en parte por la ausencia de un sistema judicial efectivo.
La intimidación de testigos impide el procesamiento de los responsables, según HRW.
