Una coalición de más de 130 organizaciones religiosas de Estados Unidos se sumó a los reclamos para que las autoridades investiguen la destrucción de vídeos que comprobaban el uso de torturas en interrogatorios de la CIA.
En su carta al secretario de Justicia (fiscal general), Michael Mukasey, la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura le recordó su testimonio, el mes pasado, en las sesiones del Comité de Justicia del Senado, cuando resultó confirmado en el cargo.
"Un aspecto clave de la polémica en su proceso de confirmación tiene que ver, en particular, con su declaración acerca de que una técnica de interrogatorio 'dura' no era necesariamente tortura", reza la misiva.
La carta se refiere al "waterboarding", tormento conocido en español como "submarino" y muy utilizada por las pasadas dictaduras militares latinoamericanas.
En su versión estadounidense, esta técnica de tortura consiste en atar a la víctima acostada a una tabla inclinada con la cabeza ligeramente más baja que los pies. Se le cubre la cabeza con un filme plástico transparente y luego se le vierte agua sobre el rostro, lo que causa sensación de ahogo.
"Es posible que altos funcionarios del Departamento de Justicia (ministerio de justicia o fiscalía general) hayan asesorado a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) acerca del uso de esas técnicas y el manejo de los vídeos", prosigue el mensaje a Mukasey.
"Creemos necesario designar un consejo especial, independiente de las autoridades del Departamento, para investigar el caso. Es muy importante para que el pueblo estadounidense confíe en el resultado de la indagación", sostuvo la coalición.
La carta de la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura se apoya en un artículo del diario The New York Times, el cual informó el 7 de este mes que los vídeos fueron destruidos, en parte, por la preocupación de algunos involucrados cuyas imágenes los dejaban expuestos a procesos legales, según varios funcionarios consultados.
La noticia desató un escándalo bautizado por la prensa como "vídeogate".
"Habrían pruebas creíbles de que las solicitudes de los vídeos por un tribunal federal, cuando aún estaban intactos, fueron ignoradas por la CIA", indica la coalición.
"Esas dos acusaciones, si son ciertas, son evidencia del uso de técnicas ilegales de interrogatorio por parte de funcionarios estadounidenses y su intento de ocultar los hechos", arguye.
Esas acusaciones "plantean cuestiones graves que deben atenderse conforme a la ley para que el pueblo estadounidense mantenga su confianza en los sistemas de inteligencia y de justicia", prosigue la misiva.
La carta de la Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura fue firmada por su director ejecutivo, pastor presbiteriano Richard Killmer, y por su presidenta, Linda Gustitus, quien fue colaboradora destacada del senador del opositor Partido Demócrata Carl M. Levin, presidente del Comité de Servicios Armados de la cámara alta.
"Los vídeos destruidos demuestran el uso del submarino", indicó el fundador de la campaña, pastor George Hunsinger del Seminario Teológico de la Universidad de Princeton. "Reconocer que el waterboarding es un método de tortura es como reconocer que el sol sale por el este."
"Después de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), los soldados japoneses que lo practicaron fueron procesados como criminales de guerra", añadió.
"¿Por qué nuestros funcionarios insisten en esquivar la verdad elemental sobre una técnica utilizada por monstruos como Pol Pot y (Augusto) Pinochet y, hoy, contra monjes budistas (en Birmania), por no mencionar nuestra prisiones secretas?", indicó Hunsinger.
Pol Pot encabezó el régimen del Jemer Rojo en Camboya de 1975 a 1979. Augusto Pinochet presidió la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990. Ambos fallecieron.
"Todo lo oculto que en las altas esferas permite que sucedan estos abusos horrendos deben liquidarse. Pero, sin lugar a dudas, van a continuar a menos que los responsables sean imputados", sostuvo Hunsinger.
"Es claro que una investigación conjunta entre el Departamento de Justicia y la CIA, dependencias muy involucradas en el asunto, no basta. Un consejo especial es un primer paso fundamental", añadió.
Tras el testimonio de confirmación del juez Mukasey, la coalición envió una carta a los integrantes del Comité de Justicia del Senado en la que expresó su profunda preocupación por las respuestas del magistrado en materia de tortura.
Los religiosos exhortaron a los senadores designar "a un candidato con una clara postura contra el uso de la tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes".
Mukasey, por su parte, envió otra misiva al Comité en la que señaló que consideraba "abominable" el submarino, pero no mencionó si esa práctica constituía, a su entender, un método de tortura.
Las respuestas de Mukasey "abren la puerta para que el gobierno de Estados Unidos aplique técnicas crueles, inhumanas y degradantes, que pueden convertirse en torturas", dijeron Gustitus y Killmer ante el Comité.
"Llegó la hora de pasar la hoja", señalaron en referencia al periodo en que Alberto González fue secretario de Justicia.
"Pese a su capacidad e idoneidad legal, sería trágico permitir que quien no rechazó en forma clara las prácticas de torturas ilegales e inmorales y los tratos crueles, inhumanos o degradantes se convierta en el más alto funcionario responsable de la justicia de nuestro país", añadieron.
Entre los integrantes de la coalición figuran líderes religiosos católicos, cristianos evangélicos, protestantes y ortodoxos, judíos, cuáqueros, musulmanes y sij. Más de 18.000 personas firmaron la "Declaración de Conciencia" contra la tortura.
La Campaña Religiosa Nacional Contra la Tortura se considerar "progresista". Otras organizaciones religiosas más conservadoras guardan silencio en la polémica del "vídeogate".
El asunto salió a la luz pública el 7 de este mes cuando el director de la CIA, Michael V. Hayden, anunció que la agencia había grabado imágenes de funcionarios torturando a dos miembros de Al Qaeda en 2002, pero las cintas habían sido destruidas tres años después.
Hayden declaró que se tomó esa medida para proteger a los funcionarios de la justicia.
Se dice que el principal abogado de la CIA aconsejó no destruir las cintas y lo mismo habría hecho la consejera de la Casa Blanca, Harriet Miers.
Las imágenes mostraban el interrogatorio a Abu Zubaydah, estrecho colaborador de Osama bin Laden, y de otro integrante de Al Qaeda de alto nivel, no identificado.
Zubaydah es considerado uno de los tres a los que la CIA habría aplicado el submarino.
Las cintas fueron destruidas por orden del entonces director de operaciones clandestinas de la CIA, José A. Rodríguez, después de que el Departamento de Justicia dijo a un juez federal que la agencia no tenía los vídeos de interrogatorios concretos buscados por los fiscales en el caso de Zacarias Moussaoui, de Al Qaeda.
La CIA tampoco entregó vídeos solicitados por la Comisión designada por el Congreso legislativo para investigar los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Nueva York y Washington.
La Comisión pidió toda la documentación vinculada al trabajo de la agencia y a la trascripción de interrogatorios clasificados para hacer su propia reconstrucción de los hechos de aquel día.
Las cintas fueron destruidas a pesar de las órdenes dictadas por varios jueces que exigían al gobierno guardarlos.
Los dictámenes siguieron a un proceso iniciado por varios detenidos en la prisión estadounidense en Guantánamo, Cuba, en reclamo por su situación.
Actualmente hay varias investigaciones en curso por la destrucción de vídeos.
El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Silvestre Reyes, y Pete Hoekstra, del gobernante Partido Republicano, anunciaron el lunes que ese órgano iba a realizar su propia investigación.
Los legisladores señalaron que la afirmación de Hayden acerca de que el comité había sido "notificado debidamente" de la destrucción de vídeos "no parece ser cierta".
Es probable que el Comité de Inteligencia del Senado también investigue el asunto, además del propio Departamento de Justicia y la CIA.
En conferencia de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, anunció el lunes que "no tenía permiso" para hablar del asunto porque podía comprometer las investigaciones en curso.
