El fin del lucro y de la selección de alumnos en los centros de enseñanza subvencionados por el Estado son los puntos más conflictivos del proyecto de ley general de educación de Chile enviado por el gobierno, que este martes comenzó a estudiar el parlamento.
"Muchos parlamentarios, entre ellos yo, vamos a presentar bastantes indicaciones para mejorar el proyecto", advirtió ante IPS Gabriel Silber, representante del co-gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde se inició la discusión de la iniciativa enviada por la presidenta Michelle Bachelet.
Silber cree que la Comisión, integrada por siete diputados de la coalición centroizquierdista gobernante y seis de la oposición derechista, decidirá en un par de meses si tramita o no el proyecto, después de escuchar a todos los actores relevantes en audiencias públicas.
Bachelet firmó el proyecto de ley general de educación el 9 de este mes, con la intención de sustituir a la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE) instaurada por el dictador Augusto Pinochet el 10 de marzo de 1990, un día antes de entregar el gobierno a Patricio Aylwin (1990-1994), elegido democráticamente tras 17 años de régimen militar.
En el marco de esta ley calificada de antidemocrática y que regula todos los niveles educativos se procesó la descentralización y privatización de la educación, con el traspaso de los establecimientos que estaban bajo el alero del Estado nacional a los 345 municipios en que se divide el país y la creación de escuelas privadas con subvención estatal.
Además de escuelas municipales y particulares subvencionados, que reciben fondos públicos por cada alumno, existen establecimientos particulares.
A diferencia de la LOCE, el proyecto de Bachelet consagra el derecho a una educación de calidad, establece deberes y derechos para todos los actores educativos y detalla los conocimientos que deben adquirir los estudiantes en los niveles preescolar, básico y medio.
Los dos puntos más conflictivos de la nueva normativa afectan a los colegios subvencionados por el Estado. Por un lado se prohíbe lucrar con los recursos públicos y por el otro se elimina la selección de alumnos hasta octavo grado básico.
El artículo 11 del proyecto establece que "por ningún caso" se podrá considerar la situación económica o social del postulante, su origen étnico y rendimiento escolar pasado o potencial, así como el estado civil, escolaridad o religión de los padres a la hora de decidir su ingreso a la escuela.
Según la iniciativa, las vacantes sólo podrán asignarse por prioridad familiar —cuando el postulante tenga otros hermanos en el establecimiento o sea hijo de un maestro— o por sorteo.
En tanto, el artículo 44 enumera los requisitos que exigirá el Ministerio de Educación para reconocer oficialmente a los establecimientos educacionales.
En primer lugar se establece la obligación de contar con sostenedores (personas jurídicas de derecho público como municipios, corporaciones y fundaciones), "cuyo objeto social único sea la educación", con lo cual se elimina el lucro.
Aunque el párrafo también incluye a los establecimientos particulares pagados, el Ministerio de Educación aclaró que sólo atañe a las escuelas y centros secundarios que reciben aportes estatales, lo que deberá ser precisado en el Congreso legislativo.
Parlamentarios de las cuatro colectividades de la Concertación por la Democracia, el conglomerado de centroizquierda que gobierna el país desde 1990, manifestaron el 14 de este mes su respaldo a la iniciativa legal.
No obstante, importantes militantes y legisladores del PDC han planteado sus dudas respecto del fin del lucro en los centros educativos subvencionados por el Estado. Entre ellos, el diputado Silber.
Además del PDC, la coalición está compuesta pos los partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical Socialdemócrata (PRSD).
En tanto, la oposición derechista, integrada por los partidos Renovación Nacional (RN) y Unión Demócrata Independiente (UDI), explicó que rechazará el proyecto por ser "estatista" e "ideológico".
El presidente de la UDI, Hernán Larraín, llamó al Poder Ejecutivo a retirar el proyecto de ley, arguyendo que éste "no resuelve el problema de la educación municipal, que es la que está mal, (sino que) por el contrario, liquida la que funciona bien, que es la particular".
La discusión está centrada en la legitimidad de lucrar con fondos públicos. Mientras la derecha y algunos expertos plantean que la nueva normativa desincentivará la inversión privada en educación, el gobierno apuesta porque los sostenedores se unan, trabajen con economías de escala y reinviertan sus excedentes en educación.
La Corporación de Colegios Particulares (subvencionados y privados) advirtió que esta medida pondrá en riesgo la subsistencia de pequeñas y medianas empresas prestadoras de servicios de educación.
Pese a que los maestros y profesores han estado entre los principales promotores del fin del lucro, luego de conocido el proyecto el sindicato que los reúne planteó sus dudas sobre la capacidad de fiscalización del Poder Ejecutivo.
Su temor es que se repita lo que ocurre con las universidades, las cuales, pese a ser sin fines de lucro, se las ingenian para igual obtener ganancias, denuncian. "La derecha ha tenido una reacción casi histérica, porque el proyecto tocó el corazón de su propia ideología, que es el mercado, la competencia y el lucro", dijo a IPS Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE).
La alianza opositora inclusive acusó al gobierno de la socialista Bachelet de utilizar el proyecto como estrategia política en su contra, en respuesta a las duras críticas formuladas por RN y la UDI por la crisis del nuevo sistema público de transporte de la capital, denominado Transantiago.
Algunos analistas políticos han señalado que el gobierno enturbió la discusión al incluir en la iniciativa los dos puntos conflictivos, ya que no había consenso en torno a ellos. En medios de prensa trascendió que la mandataria las puso para apaciguar el ánimo de los estudiantes.
En cuanto a la selección de alumnos, el gobierno asegura que la nueva ley terminará con la discriminación, mientras que sus críticos afirman que "se nivelará hacia abajo" y que es legítimo seleccionar por mérito. Los centros de enseñanza secundaria municipales de excelencia de Santiago se oponen a la disposición.
El proyecto también le otorga al Estado la atribución de cerrar escuelas deficientes. Los alcaldes aprobaron la indicación, siempre y cuando se modifique el Estatuto Docente, el cual consideran inflexible porque no permite remover a los maestros incompetentes.
En las próximas semanas, el Poder Ejecutivo enviará al Congreso otras iniciativas, indispensables según todos los actores, para profundizar el debate.
La mandataria anunció reformas a la institucionalidad y el financiamiento y la creación de una Superintendencia de Educación. Se espera que se revierta el proceso de municipalización, al crear agencias especializadas para gestionar las escuelas.
Egaña explicó que el proyecto recoge principalmente las propuestas del llamado bloque social del Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, de 81 miembros, creado por la mandataria en junio de 2006 para aplacar un histórico paro de estudiantes secundarios.
El bloque social estaba compuesto por alumnos secundarios y universitarios, docentes y algunos centros académicos como el PIIE.
En tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia celebró la iniciativa redactada por el gobierno. En un comunicado declaró que "representa un paso importante para avanzar en la construcción de un sistema escolar que asegure a cada niño, niña y adolescente el derecho a una educación de calidad".
Los estudiantes secundarios, principales impulsores de la derogación de la LOCE, todavía no han manifestado públicamente su posición en torno a la nueva iniciativa.
"El futuro del proyecto va a depender de cómo el gobierno se involucre en el debate político que se realizará en el parlamento", proyectó la directora del PIIE.
Según un sondeo nacional de Fundación Futuro, difundido este martes, 60,2 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la derogación de la LOCE e igual porcentaje aprueba la eliminación del lucro incluida en la norma propuesta para sustituirla. En tanto, sólo 47,2 por ciento aprueba el término de la selección de alumnos hasta octavo básico.
