Venganza o retaliación son los términos con que los expertos tipifican el intento de las autoridades dominicanas de despojar de su nacionalidad a la activista Sonia Pierre, nacida en este país de origen haitiano y reconocida defensora de los derechos de los inmigrantes del vecino país.
Un informe de dos técnicos del organismo oficial que expide las actas de nacimiento en República Dominicana, remitido a un órgano superior, solicitó la "nulidad" del acta de nacimiento de Pierre, fundadora y directora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (Mudha), que lucha contra la discriminación de los haitianos y sus descendientes en este país.
El documento de cuatro páginas recoge en una única petición "solicitar vía judicial la nulidad del folio número 85, acta número 585 contenida en el libro 02 del año 1963 de la Oficialía del Estado Civil del Municipio de Villa Altagracia, a nombre de Solain Pie", como se inscribió erróneamente el apellido Pierre.
Según el informe, el acta de nacimiento de Pierre es ilegal, pues fue inscripta por un ciudadano haitiano que no tenía residencia legal en República Dominicana, Ramón Jean, quien se presentó con un nombre falso, Ramón Juan.
Por tal razón, "al momento de declarar a Solain Pie, no tenía calidad para realizar este tipo de acto, toda vez que no era residente legal", afirman los funcionarios.
[related_articles]
Además, Jean (Ramón Juan), no reveló "la nacionalidad de la madre de la niña declarada, ocultando su verdadera identidad" con el fin "de lograr el propósito que consistía en realizar la declaración de marras", alegan.
"Toda acción de desconocerle su nacionalidad es un acto de retaliación", dijo a IPS Franklin García Fermín, vicerrector de la estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo y experto en derecho constitucional. "Cuarenta y tres años después no podemos venir con subterfugios jurídicos a arrebatarle la ciudadanía a una persona que ha vivido aquí toda la vida".
"Por el 'jus solis' (derecho de suelo) le corresponde la nacionalidad", dijo a IPS la historiadora Mu-Kiem Adriana Sang. "Aunque parece que el jus solis es selectivo", comentó.
El jus solis, reconocido en la Constitución dominicana, establece que tienen la nacionalidad de ese país quienes hayan nacido en él.
En 1998, el Mudha remitió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de dos niñas nacidas en este país y de ascendencia haitiana, Dilcia Yean y Violeta Bosico, a quienes el Estado dominicano negó la nacionalidad y por el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo condenó en octubre de 2005.
El fallo de la Corte estableció que el Estado dominicano violó los derechos a la nacionalidad y a la igualdad de las niñas, consagrados en las leyes nacionales y establecidas en los artículos 20 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
El gobierno protestó contra el fallo que le exige reformar el sistema de registro de nacimientos para terminar con su carácter discriminatorio, reconocer públicamente la responsabilidad estatal en la injusticia contra las dos niñas y pagar a sus familias una indemnización.
Las autoridades sólo cumplieron, este mes, el último punto, mediante el pago de 22.000 dólares a las menores.
Querer despojar a Pierre de la nacionalidad "no es más que un chantaje por su posición asumida con los derechos de los haitianos", indicó García Fermín. "Ella es tan dominicana como el que más".
El informe contra Pierre fue remitido el miércoles al presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral para que se pronuncie.
El viernes, 17 organizaciones civiles repudiaron la acción, pues obedece a "una clara represalia por el trabajo que Sonia viene realizando en defensa de la comunidad haitiana y los dominicanos de ascendencia haitiana", afirma un documento divulgado por esas entidades.
La investigación de la identidad es "ilegítima y arbitraria", pues Pierre "nació en territorio dominicano y por tanto tiene derecho a la nacionalidad dominicana, según la Constitución Nacional", añaden.
"Nunca pensé que pudieran llegar tan lejos", dijo a la prensa Pierre, blanco de una campaña interna de descrédito que ha tenido otros incidentes. Personas no identificadas desmontaron una fotografía suya de un metro cuadrado que se exhibía en el principal parque de la capital dominicana en una muestra sobre las 100 mujeres más destacadas de la nación.
"Yo soy dominicana y me duele este país", dijo. "Me pongo a disposición de la justicia imparcial e independiente de mi país", añadió y descartó recurrir a organismos internacionales.
Los padres de Pierre, haitianos, ingresaron a República Dominicana para trabajar en un batey, campamento en las plantaciones azucareras. El padre murió poco antes de que naciera la niña, quien en su vida adulta adoptó como nombre público su apodo de Sonia, afirma el estadounidense Robert F. Kennedy Memorial, que le entregó en 2006 su premio de derechos humanos.
El Robert F. Kennedy Memorial está "profundamente preocupado" por la situación. "Sonia Pierre y sus hijos son ciudadanos dominicanos y cualquier acusación de lo contrario debe estar sustentada por evidencia concreta", dijo en un comunicado Monika Kalra Varma, directora de su Centro de Derechos Humanos.
Creemos que Pierre ha sido objeto de investigación "a raíz de su trabajo a favor de los derechos humanos de la comunidad dominico-haitiana", afirmó Kalra Varma en otra declaración.
"La autoridad final para decidir al respecto no corresponde a la Junta Central Electoral, sino a los tribunales. Ella es una ciudadana dominicana y tiene derecho a un proceso judicial imparcial y transparente", añadió la entidad.
El Kennedy Memorial también criticó que medios de comunicación dominicanos, como el diario El Nacional, publicaran "el número de identidad de la señora Pierre, ignorando su derecho a privacidad y exponiéndola al robo de su identidad, irónicamente la misma práctica que el diario estaba denunciando".
Pierre explicó que Ramón Juan, su padrino, aparecía como declarante porque su padre había muerto tras padecer una enfermedad que lo mantuvo postrado por largo tiempo.
Estimaciones no oficiales indican que en República Dominicana, de 8,5 millones de habitantes, residen unos 800.000 haitianos, entre documentados e indocumentados. Haití posee una población de 8,3 millones de personas.
Ambas naciones comparten la isla La Española, con una superficie de 77.914 kilómetros cuadrados y una línea fronteriza de unos 380 kilómetros.
