Contra el viento y la marea de protestas diplomáticas y políticas e históricas movilizaciones sociales, Estados Unidos decidió construir un muro de 1.226 kilómetros en su frontera con México para frenar la inmigración.
El gobierno mexicano rechazó la medida y advirtió que lastima su relación con el vecino del norte.
Pronunciamientos similares se esperan de otros países de América Latina y de la comunidad de inmigrantes en Estados Unidos, que entre marzo y mayo protagonizó marchas multitudinarias en demanda de una reforma migratoria integral.
Por 80 votos a favor y 19 en contra, el Senado de Estados Unidos aprobó el viernes de noche la construcción del muro, que ya había sido avalada por la Cámara de Representantes.
Ahora resta la promulgación del presidente George W. Bush, quien a mediados de mes adelantó que así lo haría.
"Sabemos que los muros funcionan, es hora de hacerlos realidad", dijo en la sesión del viernes el senador del estado de Alabama Jeff Sessions, del gobernante Partido Republicano.
Este partido asegura que la medida será complementada, en un futuro aún no determinado, con una reforma migratoria global.
Para el académico de política internacional Sergio Peláez, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la decisión de los legisladores demuestra "su poco" entendimiento del fenómeno migratorio, al que reducen a un problema de seguridad.
Pero no "podemos negar su derecho a decidir qué hacer con sus fronteras", dijo Peláez a IPS.
El muro, que estaría listo probablemente a fines de 2007, "es una medida de corte electoral y muy onerosa que dificultará la migración, pero no la detendrá", añadió.
La legislatura estadounidense entró en receso este sábado y muchos de sus miembros se dedicarán a la campaña para las elecciones legislativas parciales del 7 de noviembre.
Las nuevas murallas se sumarán a los 112 kilómetros entre Estados Unidos y México ya demarcados por barreras de metal u hormigón. Estos países tienen una frontera total de 3.200 kilómetros.
Además de la construcción del muro, que se proyecta como una doble barda con un corredor vehicular en el medio, los senadores autorizaron poner en funcionamiento nuevas cámaras de vídeo, sensores y aviones no tripulados de vigilancia, e incrementar de 13.300 a 14.800 el número de agentes de la Patrulla Fronteriza.
El reforzamiento de la frontera estadounidense dejó de lado el proyecto de reforma migratoria integral a debate en las dos cámaras legislativas y que incluía vías para la legalización de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en ese país, la mayoría de origen latinoamericano.
El endurecimiento, que viene desde la década de los 90, pondrá en aprietos a millones de inmigrantes latinoamericanos y caribeños cuyas remesas, que sumaron 53.600 millones de dólares en 2005, constituyen un sustento fundamental para sus familias en sus países de origen.
Unos 500.000 inmigrantes ingresan cada año sin permiso a Estados Unidos, a pesar de los controles ya existentes, y 1,5 millones son detenidos y deportados.
Los nuevos muros y controles estrecharían los lugares de ingreso, generando víctimas y dando pie al encarecimiento del pago de los inmigrantes a los traficantes de personas, señalan observadores.
El gobierno de Bush desplegó en los últimos meses a cientos de soldados de la Guardia Nacional a lo largo de la frontera con México para coadyuvar a frenar el ingreso de indocumentados.
En 2005 murieron en la frontera sur de Estados Unidos 472 personas, casi el doble que seis años atrás, informó a mediados de mes la Contraloría General de ese país, un organismo independiente que funciona en la órbita del Congreso.
De América Latina y el Caribe proceden, por nacimiento y ascendencia, unos 40 millones de habitantes de Estados Unidos.
Los gobiernos de cinco países de América Central, Colombia, República Dominicana y México realiza desde enero reuniones periódicas para sumar fuerzas contra el proyecto estadounidense de amurallar su frontera sur.
Estos países también pugnan por una reforma migratoria que incluya la legalización de inmigrantes y programas de trabajo temporal. Sin embargo, su esfuerzo resultó inútil.
Esta semana, legisladores de Iberoamérica reunidos en Montevideo llamaron a los países del Norte industrial a no levantar muros fronterizos para impedir la entrada de inmigrantes. Diversas organizaciones de la sociedad civil hicieron pronunciamientos similares en los últimos meses.
Entre marzo y mayo, cientos de miles de inmigrantes radicados en Estados Unidos realizaron, como nunca antes, marchas callejeras en varias ciudades para exigir a legisladores y al gobierno de Bush una reforma migratoria integral.
Pero todo eso parece haber servido de poco. Los legisladores de Estados Unidos acordaron ya levantar el muro fronterizo y el presidente Bush lo apoyará. (FIN/IPS/dc/mj/na la ca pr ip sp md/06)
