Tres de los seis activistas que recibieron este lunes el Premio Goldman, también conocido como el Nobel ambiental, han arriesgado sus vidas en defensa de la tala ilegal en sus países: Brasil, Liberia y Papúa-Nueva Guinea.
El galardón, dotado de 125.000 dólares, también fue entregado en la ceremonia celebrada en la ciudad estadounidense de San Francisco a activistas de Ucrania, China y Estados Unidos.
Los seis premiados este lunes, originarios de cada una de las grandes regiones geográficas del mundo, se caracterizan tanto por la eficacia de su lucha como por su relativo anonimato.
"Todos ellos pelearon, a menudo solos y exponiéndose a un gran riesgo personal, para proteger el ambiente en sus países de origen. Sus increíbles logros son una inspiración para todos nosotros", dijo el fundador de estos premios, Richard Goldman.
Entre los distinguidos en esta oportunidad figuran Silan Kpanan'Ayoung Siakour, quien dejó al descubierto actividades de tala ilegal autorizadas por el ex presidente liberiano Charles Taylor, hoy preso en La Haya y acusado de crímenes de guerra.
Otro es el brasileño Tarcisio Feitosa da Silva, que luchó por la creación del área protegida de bosques tropicales más grande del mundo en un área remota del Amazonas. La abogada Anne Kajir, de Papúa-Nueva Guinea, también denunció la tala ilegal alimentada por la corrupción del gobierno.
Por su parte, Yu Xiaogang pasó su vida adulta promocionando programas de administración de cuencas de modo de proteger los ríos y los intereses de las comunidades ribereñas chinas.
La abogada ucraniana Olya Melen fue premiada por frenar la construcción de un canal potencialmente desastroso en el delta del Danubio.
El estadounidense Craig Williams, veterano de la guerra de Vietnam, organizó a comunidades locales para persuadir al Departamento (ministerio) de Defensa de su país de detener los planes de incinerar viejos arsenales químicos.
"Es humillante para mí estar en presencia de los otros premiados y saber de sus logros", dijo Williams el lunes en una declaración emitida por el Grupo de Trabajo sobre Armas Químicas, la organización que dirige desde su hogar en el sudoriental estado de Kentucky.
Williams, cofundador en 1980 de la Fundación de Veteranos Estadounidenses en Vietnam, participó en la campaña internacional contra las minas antipersonal que ganó el Premio Nobel de la Paz en 1997.
Mientras, condujo durante 20 años una exitosa campaña para asegurarse de que la destrucción de viejos arsenales químicos se realice de modos que fuera entendida y acordada por las comunidades locales y que no acarrearan riesgos sanitarios y ambientales.
De los seis galardonados, Siakor, de Liberia, y Feitosa, de Brasil, son quienes afrontaron los mayores peligros.
Siakor, director del Instituto para el Desarrollo Sustentable en Monrovia, recabó evidencias de tala ilegal llevada a cabo por empresas madereras avaladas por Taylor en una de las últimas selvas tropicales altas que quedan en África occidental.
Su organización también denunció los abusos cometidos por milicias de las compañías contra los habitantes de la zona.
Taylor, arrestado el mes pasado por Nigeria y entregado a la Corte Penal Internacional en La Haya para su procesamiento, utilizó los beneficios de esa explotación para armar a sus milicias en 14 años de guerra civil y para mantener otras en las vecinas Sierra Leona y Nigeria.
Siakor, hoy de 36 años, sometió la evidencia sobre los tratos entre Taylor y las madereras al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que luego prohibió las exportaciones de madera de Liberia.
La prohibición sigue en pie, a pesar de la creciente presión para levantarla, en particular de China y del gobierno de la nueva presidenta liberiana Ellen Johnson-Sirleaf.
De todos modos, el primer decreto de Johnson-Sirleaf canceló todas las concesiones madereras en las selvas liberianas. El gobierno también adoptó algunas de las propuestas de Siakor y su organización.
La presidenta también se comprometió a reformar el sector maderero para garantizar la sustentabilidad de las selvas y la participación de las comunidades locales en cualquier decisión sobre su uso.
Feitosa, dirigente del Movimiento para el Desarrollo de la Transamazonia y el Xingu, una organización comunitaria de base, también investigó actividades de tala ilegal y violaciones de derechos humanos en una remota región septentrional de la Amazonia brasileña.
Varios integrantes del Movimiento así como sus aliados de la Iglesia Católica fueron asesinados en los últimos años, entre ellos la monja estadounidense Dorothy Stang.
La labor de Feitosa, de 35 años, fue clave para obtener la protección gubernamental de áreas que, junto con las tierras indígenas existentes, constituyen la mayor área protegida mundial de selvas tropicales.
Las investigaciones y denuncias del activista permitieron en 2001 a las autoridades realizar una operación de gran escala en que se confiscaron 6.000 troncos de caoba. También alentó a las comunidades a poner obstáculos en los ríos para impedir la carga de troncos y madera.
En nueve años de lucha contra la tala ilegal en Papúa-Nueva Guinea, Kajir fue atacada físicamente más de una vez.
En 1997, su primer año de ejercicio de la abogacía, Kajir, hoy de 32 años, ganó un juicio que obligaba a la industria maderera a pagar por daños infligidos a hacendados indígenas.
Kajir dirige el Centro de Derecho Ambiental con sede en Port Moresby, y es la principal abogada en un juicio que se procesa en la Corte Suprema para detener la tala a gran escala realizada por compañías extranjeras en el bloque de selvas tropicales vírgenes más extenso de Asia-Pacífico.
