Indígenas y campesinos sin tierra prometen sacudir Brasil en este abril rojo, que se alargará a las primeras semanas de mayo, con un campamento en Brasilia, invasiones de predios en todo el país y una marcha hacia la capital.
Además de la lucha por la tierra que representa una supervivencia sin hambre, los dos sectores tienen en común fechas simbólicas que hacen coincidir sus grandes movilizaciones anuales.
El 17 de abril es el Día Mundial de Lucha por la Tierra, en recuerdo de la masacre de 19 campesinos en Eldorado de Carajás, norte brasileño, en 1996. Y el 19 de abril es el Día del Indígena de Brasil.
Para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), el abril rojo es un período para intensificar las ocupaciones de predios improductivos y otras movilizaciones.
Pero la gran marcha, tradicional de las manifestaciones del MST en abril, se postergó para mayo. Partirá de Goiania, capital del céntrico estado de Goiás, luego del acto del 1 de Mayo, Día de los Trabajadores, con unas 10.000 personas que recorrerán mas de 200 kilómetros para arribar a Brasilia el 17 de ese mes.
El aplazamiento se debe a las numerosas ocupaciones (de tierras) en varios estados este mes y a la muerte del Papa Juan Pablo II, explicó a IPS Jaime Amorim, uno de los coordinadores nacionales del MST, que actúa mas directamente en el nororiental estado de Pernambuco.
Es en Pernambuco donde el movimiento está más activo, con 18 ocupaciones este mes. En total, el MST controla 163 campamentos con unas 23.000 familias, según Amorim. Con otras organizaciones campesinas que también actúan en el estado, los campamentos ascienden a más de 200 y las familias acampadas a unas 28.000.
Los problemas se acumulan hace muchos años, por la incapacidad del órgano gubernamental, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), para promover los asentamientos necesarios mientras crece la demanda, sostuvo el dirigente del MST.
El Incra, cada día más debilitado, no logra cumplir sus propias metas de asentamientos desde hace años, lamentó el dirigente, admitiendo la frustración de sus expectativas alimentadas con la llegada al gobierno, en 2003, del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, un viejo aliado de la reforma agraria.
Pero nuestro enemigo es el latifundio, no el gobierno, aclaró.
La lucha por la reforma agraria es tradicional en Pernambuco, territorio de mártires campesinos, en el que la actual decadencia del cultivo de caña de azúcar y los escasos empleos ofrecidos por proyectos de irrigación agravaron el desempleo rural, señaló.
La tensión también se repite. Los hacendados con sus milicias amenazan con expulsar los campamentos a tiros, advirtió Amorim.
En su opinión, la marcha hacia Brasilia será un hito histórico pese al aplazamiento, y su principal objetivo es político, hacer que la sociedad vuelva a debatir la reforma agraria como principal alternativa para impulsar el desarrollo, especialmente del interior del país.
No se trata de un programa social para dar tierra a los pobres, sino de un proyecto estratégico de desarrollo, que genere trabajo, producción de alimentos y un fuerte mercado interno, argumentó.
Pero la incapacidad del Incra para cumplir con su misión se agravó este año debido a un recorte de su presupuesto de 2.000 millones de reales (770 millones de dólares), lo que acentuó las protestas de varios movimientos campesinos.
La política económica, basada sobre el ajuste fiscal y tasas de interés elevadas para contener la inflación, en desmedro de las inversiones públicas, es un obstáculo coyuntural a la reforma agraria, según Joao Pedro Stédile, otro coordinador e ideólogo del MST.
El Estado brasileño, que tradicionalmente beneficia a los ricos y a la agricultura de grandes predios y los monocultivos, es un obstáculo permanente, acotó.
Los indígenas también reclaman tierras, pero volcados a su supervivencia física y cultural.
La muerte de dos decenas de niños este año por problemas agravados por la desnutrición en la etnia guaraní-kaiwoá, del centro-occidental estado de Mato Grosso do Sul, acentuaron la urgencia de la demarcación de sus territorios.
La decepción indígena con el gobierno de Lula se volvió amarga. Se configuró un gobierno antiindígena, que no cumplió sus promesas de crear nuevos territorios indígenas y está remilitarizando la cuestión aborigen, acusó un manifiesto divulgado el 31 de marzo por el Foro en Defensa de los Derechos Indígenas (FDDI), compuesto por siete organizaciones.
En los dos primeros años del gobierno de Lula solo fueron demarcados 13 territorios indígenas, menos que el promedio anual del gobierno anterior, de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003), destaca el documento.
Para protestar contra esa situación y exigir una política que asegure tierras, salud y educación bilingüe, el movimiento indígena organiza un campamento que se instalará en Brasilia del 23 de abril al 3 de mayo, informó a IPS la secretaria ejecutiva de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña, Maria Miquelina.
Los líderes indígenas se reunirán con parlamentarios, a los que reclamarán el rechazo de proyectos que representarían un retroceso para las poblaciones autóctonas, reduciendo sus tierras, acotó.
Es el caso de una enmienda constitucional propuesta que pretende prohibir que un estado tenga más de la mitad de su extensión convertida en tierras indígenas y áreas de conservación ambiental, lo que afectaría los estados amazónicos que concentran la mayor parte de la población autóctona y los bosques de Brasil.
También evaluaremos la política indigenista del actual gobierno, que tuvo un discurso bonito, pero negado en la práctica, concluyó Miquelina.
