ARGENTINA: Fallo absolutorio por AMIA divide a deudos

El dictamen de la justicia argentina que dejó libre a los únicos cinco presos por el atentado de 1994 contra la AMIA provocó reacciones encontradas entre parientes de las víctimas. Para unos fue una muestra de impunidad y para otros un final penoso pero inevitable de un largo proceso de encubrimientos.

La actuación judicial respecto del atentado que voló el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en una zona céntrica de Buenos Aires y cuando gobernaba el país Carlos Menem (1989-1999), tuvo su punto culminante cuando el Tribunal Oral Federal absolvió de culpa y cargo a los cinco detenidos y a otros 17 implicados en la llamada ”conexión local”.

Las diferencias entre familiares de los 85 muertos y muchos de los 300 heridos que dejó entonces el ataque terrorista, ocurrido el 18 de julio de 1994, se hicieron visibles en la noche del miércoles ante la convocatoria una semana después de conocido el fallo de un acto bajo la consigna ”contra la impunidad y la falta de justicia”.

La concentración realizada en la Plaza de los Dos Congresos, ubicada frente a la sede del parlamento argentino, fue organizada por la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado y respaldada por líderes de la colectividad judía local.

En esa instancia Luis Czyzewsky, padre de una joven muerta en el atentado, sostuvo que las víctimas ”volvieron a morir” al conocerse el veredicto que dejó en libertad a todos los detenidos pese a que, a su entender, ”había suficientes pruebas no 'contaminadas'” como para avanzar en su imputación.

Pero Memoria Activa, el primer agrupamiento de familiares que se formó tras el ataque, se negó a participar del acto, aduciendo que desde hace mucho tiempo sus integrantes advirtieron que el principal responsable de la falta de justicia es el Estado, tal como quedó de manifiesto en el fallo del tribunal, y que los detenidos no estaban siendo sometidos a un juicio justo.

En diálogo con IPS, la presidenta de Memoria Activa, Adriana Reisfeld, sostuvo que, ”a pesar del estupor y el dolor” que les causó el veredicto, fue un final ”esperado”.

También indicó que la organización ”coincide con la nulidad de todo lo que se había investigado por la enorme cantidad de irregularidades cometidas” en el proceso de instrucción de la causa.

Para Reisfeld, el tribunal oral ”obró bien, asistió a todas las sesiones sin delegar en nadie durante tres años y siguiendo los testimonios con mucha atención” antes de dar su veredicto.

”Esto puede ser incluso un avance de la justicia, un paso adelante que marque el camino de lo que se debe hacer”, consideró esta mujer que perdió a su hermana en el atentado contra la AMIA.

En consonancia con esa convicción sobre la gran cantidad de irregularidades, que quedaron de manifiesto en el proceso, Memoria Activa había presentado una denuncia en julio de 1999 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que integra el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Como resultado de esa denuncia, los tres años del juicio oral fueron seguidos por un veedor de la OEA para corroborar los pasos seguidos para dar con los autores y responsables del mayor atentado de la historia de Argentina. El informe correspondiente se conocerá luego de divulgarse la sentencia del tribunal, el 29 de octubre, adelantó Reisfeld.

El ministro de Justicia, Horacio Rosatti, dijo este jueves que el veredicto del tribunal fue ”muy valiente”. Habría que considerarlo como ”un punto de partida, no de llegada” del camino para conocer la verdad. ”Hay que tener mucha valentía para poner de manifiesto las irregularidades” de la investigación, añadió.

El gobierno ”va a profundizar la investigación para que los funcionarios involucrados en el ocultamiento de la verdad tengan el castigo que corresponde”, aseguró Rosatti.

En un comunicado en el que se anticiparon algunos fundamentos, los tres integrantes del Tribunal Oral Federal consideraron que se debe investigar al juez de instrucción, Juan José Galeano, a los fiscales y a ministros, otros funcionarios, legisladores y a jefes policiales de la época, agentes de inteligencia y hasta abogados y dirigentes de la comunidad judía por contribuir al encubrimiento.

Sin mencionar por ahora al ex presidente Menem, los magistrados consideraron que el juez de instrucción construyó ”una hipótesis incriminatoria pretendiendo atender las lógicas demandas de la sociedad y los oscuros intereses de gobernantes inescrupulosos”.

La investigación judicial corrió por cuenta del juez federal Galeano y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, todos acusados hoy de un sinnúmero de irregularidades cometidas al parecer con el objetivo de apuntalar una hipótesis que en el juicio oral se probó ficticia.

Galeano investigó por un lado la responsabilidad internacional del ataque, en el que se presume intervino el grupo fundamentalista libanés Hezbollah, pero no hubo avances en esta etapa crucial del proceso.

Por otro lado se indagó en la llamada ”conexión local”, que apuntó a los apoyos que tuvieron los terroristas dentro de Argentina. Este último tramo de la pesquisa, que tenía bajo proceso a 22 sospechosos, cinco de los cuáles detenidos, fue a juicio hace tres años y absueltos la semana pasada.

Uno de ellos, Carlos Telleldín, el mecánico acusado de preparar la camioneta usada como coche-bomba, estuvo 10 años preso y en el juicio se confirmó que recibió 400.000 dólares de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Esa negociación, en la que intervino directamente el juez Galeano, se realizó para que señalara a cuatro ex policías como los que recibieron el vehículo para entregarlo a los autores materiales del atentado.

Esos cuatro ex policías de la oriental provincia de Buenos Aires son Juan José Ribelli, Anastasio Leal, Raúl Ibarra y Mario Bareiro, quienes estuvieron hasta la semana pasada detenidos y acusados de ser partícipes necesarios del ataque.

El veredicto causó indignación y desesperanza entre casi todos los familiares, pero mientras que algunos acusaron al tribunal de garantizar así la impunidad de los que contribuyeron a realizar el atentado, otros reconocieron que la sentencia fue correcta porque todo el proceso estaba sostenido sobre mentiras y valiente por apuntar contra las propias instituciones del Estado.

El gobierno argentino de Néstor Kirchner analiza ahora la posibilidad de crear una comisión independiente que investigue el atentado contra la AMIA.

La agrupación Familiares pidió en el acto del miércoles que esa comisión cuente con el apoyo de una fiscalía que se dedique en exclusividad a este caso.

Empero, Memoria Activa volvió a discrepar. A su juicio, no se deben crear instituciones ”ad hoc” para este caso, sino que se debe lograr que funcionen bien las instituciones del estado de derecho creadas para que se administre justicia con rigor e imparcialidad.

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